La Diputación de Bizkaia ha declarado no haber recibido quejas ni denuncias sobre las condiciones laborales en viviendas comunitarias de la región, a pesar de las recientes acusaciones realizadas por el sindicato LAB. Esta afirmación surge en un contexto en el que la situación laboral de ciertos trabajadores migrantes en estas viviendas ha sido cuestionada públicamente.

Desde el inicio de 2023, la administración vizcaína ha implementado un incremento significativo del 5% en la cantidad de plazas disponibles en centros de día. Amaia Antxustegi, diputada de Acción Social, destacó que se proyecta una adición de un millón de euros al presupuesto destinado a ayudas para los usuarios de estos centros, alcanzando un total de 18,5 millones, lo que facilitará el acceso a más plazas financiadas públicamente a lo largo del territorio.

El Partido Popular (PP) había convocado a Antxustegi a rendir cuentas en el pleno del miércoles, buscando aclaraciones acerca de si se prevé la apertura de nuevas plazas o el aumento de las existentes, en respuesta a las numerosas solicitudes de la comunidad. La portavoz del PP, Raquel González, enfatizó la creciente necesidad de estos espacios, dada la cada vez mayor población envejecida en Bizkaia.

González subrayó el papel crucial que juegan los centros de día en la mejora de la calidad de vida de los usuarios y en la reducción de la carga sobre las familias cuidadoras, así como su función en la prevención de la soledad y el deterioro físico y cognitivo.

En su intervención, Antxustegi reafirmó el compromiso de la Diputación para proporcionar recursos que permitan a las personas en situación de dependencia permanecer en sus hogares. La mayoría de quienes tienen una dependencia reconocida en Bizkaia, alrededor del 60%, optan por esta opción, lo que resalta la importancia de mantener el apoyo adecuado.

La diputada también mencionó que el número de plazas en centros de día ha sufrido un aumento superior al 5% desde el año anterior y destacó el trabajo del servicio EtxeTIC, que ya asiste a más de 3.700 hogares en la provincia.

Entre los planes futuros, se prevé una ampliación presupuestaria de un millón de euros en 2026, que permitirá aumentar las ayudas individuales a los usuarios de estos centros, además de la creación de un nuevo centro EtxeTIC en Markina, con 20 plazas, que será un referente en la región de Lea Artibai. Para final de 2026, la Diputación también presentará un mapa de servicios sociales que guiará el desarrollo de estas iniciativas.

En relación a la interpelación de EH Bildu a raíz de las acusaciones de LAB sobre la condición de trabajadores en viviendas comunitarias, Antxustegi se comprometió a tener en cuenta la gravedad de la situación. El juntero de EH Bildu, Urtzi Ostolozaga, advirtió que la mercantilización de estos servicios puede estar facilitando la explotación laboral, instando a una respuesta contundente de la administración.

A pesar de las acusaciones, Antxustegi aclaró que la responsabilidad del Servicio de Inspección radica principalmente en asegurar la atención adecuada a los usuarios, y no en las condiciones laborales del personal, sugiriendo que cualquier anormalidad debe ser reportada a la Inspección de Trabajo.

El Servicio de Inspección y Control de la Diputación no ha tenido conocimiento de quejas formales y, según Antxustegi, han sido informados de la denuncia de LAB a través de los medios de comunicación. Además, en las inspecciones realizadas en 2025, no se observaron incumplimientos en las relaciones laborales de las viviendas comunitarias.

A lo largo de 2024 y 2025, se registraron cuatro quejas, de las cuales únicamente dos estaban relacionadas con las viviendas en cuestión, y ninguna se refería a condiciones laborales. La diputada reafirmó el compromiso de la Diputación por seguir mejorando el sistema de inspección y garantizar el bienestar de los usuarios, señalando que, aunque se realicen inspecciones anuales de oficio, se actuaría con Mayor frecuencia si se recibieran quejas o indicios de irregularidades.