La Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado el otorgamiento de terceros grados a dos miembros de ETA, Luis Mariñelarena Garciandía y Harriet Iragui Gurruchaga, por parte de la consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, liderada por la socialista María Jesús San José.
Desde Covite se ha expresado una profunda decepción ante la decisión de la consejera de seguir con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no muestran arrepentimiento, lo cual ha sido comparado con la actitud tomada por el PNV en esta materia.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, ha manifestado su sorpresa y desilusión al comprobar que, pese a las promesas de cambiar la política penitenciaria en el Parlamento Vasco, la consejera ha continuado con las mismas prácticas de su predecesor, el PNV.
Se ha criticado que la consejería base el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en cartas manuscritas, las cuales, según Covite, no reflejan verdadero arrepentimiento por parte de los presos de ETA.
La falta de deslegitimación pública del terrorismo y el homenaje constante a los presos de ETA por parte de la izquierda abertzale han sido cuestionados por Covite, instando a una mayor respuesta por parte de la sociedad y de las autoridades competentes.
En este sentido, Covite ha llamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a recurrir las concesiones de terceros grados, en defensa del derecho a la justicia de las víctimas de ETA, y ha solicitado a la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco transparencia en las bases para otorgar estos beneficios a los presos de ETA.
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