El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha comunicado que el Gobierno Vasco está en colaboración con los ayuntamientos para agilizar la declaración de 'zonas tensionadas'.

VITORIA, 19 Sep.

Itxaso reveló que se tiene previsto aumentar en un 40% la oferta de vivienda protegida en comparación con la legislatura anterior, mediante la movilización de suelos públicos y privados para la creación de 7.000 nuevas viviendas de alquiler protegido.

El consejero enfatizó que la escasez y los altos costos de vivienda deben ser abordados a través de acuerdos interinstitucionales, especialmente con los ayuntamientos, y mediante una mayor asignación de recursos.

El objetivo es doblar el parque de viviendas en alquiler social, alcanzando las 50.000 para el año 2035, con proyectos que incluyen pisos construidos por Visesa, compras en el mercado privado y construcciones por promotores privados.

Se contempla la posibilidad de declarar 'zonas tensionadas' voluntariamente en diferentes municipios para controlar los precios del alquiler, siendo Errenteria el primer lugar en ser declarado como tal, lo que ocurrirá en octubre.

Además, se busca establecer medidas restrictivas para viviendas turísticas en áreas declaradas como 'zonas tensionadas' y se espera recibir información actualizada sobre los precios de alquiler por parte de las haciendas forales para proteger a los inquilinos.

El plan del Gobierno Vasco incluye la construcción de 960 viviendas protegidas en Salburua, Vitoria-Gasteiz, y la rehabilitación de 62 viviendas en varias áreas de la ciudad. En Bilbao se proyectan más de 1.500 viviendas protegidas en zonas como Otxarkoaga, Miribilla y Bilbao la Vieja.

En Donostia-San Sebastián se pretende multiplicar la oferta de vivienda protegida con la construcción de 260 alojamientos dotacionales en Riberas de Loiola y Morlans, entre otras áreas afectadas por problemas relacionados con la cesión de suelos.

Itxaso destaca la importancia de proyectos como el de Zorrotzaurre en Bilbao, con la construcción de 1.103 viviendas protegidas en diferentes fases de desarrollo. También se impulsan fórmulas innovadoras como viviendas colaborativas y alojamientos intergeneracionales, destinando cerca de 87 millones de euros para la Prestación Complementaria de Vivienda.

En cuanto a la reforma fiscal, se propone establecer desgravaciones por alquiler e hipoteca según la renta, así como la modificación de la Ley del Suelo de 2006 para favorecer la puesta en el mercado de vivienda protegida.

La oposición ha instado al sector público a liderar medidas para ampliar el parque público de vivienda y reducir los precios de alquiler, mientras que desde el Gobierno se destaca el compromiso con una política de vivienda ambiciosa.