El Gobierno Vasco insta a las empresas de transporte escolar a acatar y cumplir la orden de Educación
VITORIA, 12 de septiembre.
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha dejado claro a las empresas de transporte escolar que deben "obedecer y cumplir" la orden del Departamento de Educación. Solo podrán no acatarla si algún tribunal administrativo o de justicia dictamina que no es correcta.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco de este martes, Zupiria se refirió a la decisión de las operadoras de transporte escolar de no prestar el servicio y de impugnar la orden de ejecución forzosa en los centros públicos.
El Gobierno vasco considera que, de acuerdo a la ley, las empresas de transporte escolar están obligadas a cumplir lo establecido en la orden del Departamento de Educación. Por lo tanto, deben prestar este servicio de transporte, que es crucial para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Comunidad Autónoma Vasca y que depende, en parte, de este transporte.
Aunque reconoció que las empresas tienen el derecho de apelar tanto en instancias administrativas como judiciales si están en desacuerdo, advirtió que, mientras tanto, deben obedecer y cumplir la orden vigente.
Zupiria señaló que las consecuencias por no cumplir con la orden están especificadas en la legislación y, por lo general, las leyes incluyen referencias a los incumplimientos y las sanciones aplicables, las cuales pueden ser significativas en casos de desobediencia.
El portavoz del Gobierno vasco destacó que este conflicto se originó hace cuatro años y desde entonces han surgido dificultades para resolver la cuestión del transporte escolar. Desde el año 2020, las empresas de transporte han presentado 27 recursos que han sido rechazados en lo relacionado con los aspectos económicos por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), el cual tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los contratos públicos vigentes.
Asimismo, recordó que en los dos años anteriores se han producido aumentos significativos en la prestación de este servicio de transporte escolar, con un 27% en 2021 y un 4% en 2022. También se han abonado cantidades adicionales para hacer frente al incremento en el costo de los combustibles.
Dado que no se ha logrado resolver la situación, el Departamento de Educación ha adoptado una orden en la que asume el costo real de la prestación del servicio, más un 6% adicional como beneficio industrial. Este es el contexto en el que las empresas de transporte han decidido paralizar sus servicios, resaltó Zupiria.
El Gobierno vasco lleva intentando resolver esta cuestión desde 2020, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Sin embargo, es su responsabilidad explorar todas las vías posibles para desbloquear esta situación, afirmó Zupiria.
En cualquier caso, hizo hincapié en que existe una orden vigente del consejero de Educación que debe ser cumplida, a menos que algún tribunal administrativo o de justicia determine lo contrario. Mientras tanto, es necesario obedecerla, advirtió.
En cuanto a las ayudas anunciadas por el Departamento de Educación para las familias afectadas por el conflicto en el transporte escolar, Zupiria explicó que aún no se ha definido el procedimiento para acceder a ellas. No obstante, la intención es resolver esta cuestión en pocos días para que las familias no tengan que enfrentarse a un proceso complicado y burocrático al solicitar estas ayudas.