En una decisión que ha levantado controversia, el Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, que versa sobre el derecho a la vivienda. Esta medida fue tomada después de que el Gobierno vasco argumentara que la ley podría violar las competencias autonómicas en materia de vivienda, tal como se establece en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Ley de Vivienda ha sido objeto de varias impugnaciones de inconstitucionalidad, incluidas las presentadas por cincuenta diputados del PP en el Congreso, el Parlamento de Cataluña, y los Consejos de Gobierno de Andalucía, Baleares y Madrid, todas las cuales han sido admitidas.
En tanto, los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y la Xunta de Galicia aún están a la espera de ser aceptados, señaló el TC en un comunicado.
Entre las medidas impugnadas se encuentran la imposición de límites a los incrementos en los alquileres a nivel estatal, la reducción del número de propiedades que definen a un gran tenedor de vivienda de diez a cinco en ciertas circunstancias, y la prohibición de desahucios de inquilinos vulnerables por parte de estos propietarios sin un proceso de conciliación o arbitraje previo.
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