En un giro significativo para los derechos laborales en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha derogado la exigencia de poseer un perfil lingüístico C1 en el 91% de las ofertas de celador de obras públicas en la Diputación de Bizkaia. Esta decisión se produce tras las denuncias de CCOO de Euskadi, que argumentan que la anterior normativa resultaba en una exclusión innecesaria e injusta para muchas trabajadoras interinas.

La resolución del TSJPV estipula que la condición de acreditar un perfil C1 para la mayoría de los puestos convocados era no solo excesiva, sino que también discriminaba a quienes poseían una formación adecuada, como el Bachillerato o Formación Profesional. El sindicato ha señalado que esta medida se consideró desproporcionada y, por lo tanto, contraria a los principios de igualdad y accesibilidad en el empleo público.

CCOO ha subrayado que las trabajadoras excluidas de este proceso habían acumulado años de experiencia laboral con contratos temporales, acreditando perfiles lingüísticos B1 y B2. El sindicato defiende que es posible compatibilizar los derechos lingüísticos con un enfoque que respete las realidades sociolingüísticas de la región, abogando por una proporcionalidad más adecuada en las exigencias lingüísticas.

En su crítica, CCOO hace referencia al artículo 25 del Decreto 9/2024 del Gobierno Vasco, que establece un índice de obligado cumplimiento del 46,47% de plazas. Según el sindicato, esta cifra no se cumplió en la reciente convocatoria, lo que agrava la situación de las trabajadoras interinas que enfrentan barreras lingüísticas desmesuradas.

Además, el sindicato ha alzado la voz en contra del proceso de estabilización promovido por el Gobierno Vasco para los secretarios-interventores municipales, el cual ha dejado fuera al 30% de los trabajadores más cualificados debido a la estricta exigencia de poseer un nivel C2 de euskera. Esta situación ha sido calificada por CCOO como “escandalosa”.

El sindicato ha expresado su preocupación tras los nombramientos en prácticas realizados recientemente, evidenciando que estos procesos, lejos de corregir desigualdades, perpetúan situaciones de exclusión. CCOO lamenta que el riguroso criterio de evaluación haya dejado fuera a trabajadores con vastas trayectorias profesionales a favor de candidatos con escasa experiencia, lo que plantea serios interrogantes sobre la justicia y equidad en la gestión pública.

Los datos son preocupantes: un 30% de los trabajadores con los mayores méritos han sido arbitrariamente excluidos. CCOO destaca que algunos de los excluidos tienen hasta 20 años de experiencia en sus roles, mientras que se prevé que personas con nula trayectoria logren la estabilidad laboral. Esta situación resalta la disonancia entre las exigencias del gobierno y la realidad del país, donde la experiencia y el mérito deberían prevalecer sobre exigencias lingüísticas desmedidas.