Euskadi recibirá 20 millones de euros para mejorar la FP.
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la asignación de 19,9 millones de euros para impulsar diversas iniciativas en el ámbito de la Formación Profesional en Euskadi, con el objetivo de consolidar la transformación del modelo de FP.
Según la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el total de inversión para todas las comunidades autónomas asciende a 1.307 millones de euros, que se distribuirán en diferentes acuerdos para la modernización educativa, cualificación y recualificación (reskilling y upskilling), formación profesional para el empleo y refuerzo de los centros de capacitación.
En el caso de Euskadi, se destinará una primera partida de más de 13,7 millones de euros a la implementación de medidas de modernización y crecimiento del sistema educativo de Formación Profesional, con una inversión global de 273,3 millones de euros. Los fondos se utilizarán para acciones previstas en el Plan de Modernización de la FP, como la acreditación de competencias profesionales de cerca de 28.000 personas, la creación de grupos bilingües, la puesta en marcha de diez aulas de tecnología aplicada y la creación de nuevas aulas de emprendimiento hasta un total de 98.
Además, se prevé que Euskadi recibirá más de 5 millones de euros para implementar acciones de cualificación y recualificación (reskilling y upskilling) que beneficiarán a más de 9.200 personas. Esta partida cuenta con una inversión total de 111,5 millones para todas las comunidades autónomas, lo que beneficiará a más de 203.000 personas.
Por último, el Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de más de 1,1 millones de euros a Euskadi para garantizar el funcionamiento de los 41 centros de capacitación existentes en la comunidad autónoma e impulsar la creación de nuevos centros. En total, esta línea de inversión está dotada con 29,3 millones de euros para el mantenimiento de 1.047 centros de capacitación en todo el Estado y la creación de 314 centros. Estos centros ofrecen formación digital básica a personas en situación de vulnerabilidad por razones de edad, nivel de formación, lugar de residencia o pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión.