En un contexto simbólico y de reflexión, el Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha emitido una declaración institucional que repudia la brutalidad policial que se desató el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Durante esos trágicos eventos, la Policía armada cobró la vida de cinco trabajadores e hirió a más de un centenar de personas que se habían congregado en la iglesia de San Francisco de Asís para una asamblea obrera.

El anuncio, realizado en el marco del 50 aniversario de lo que se conoce como la 'matanza del 3 de marzo', busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la memoria histórica y la justicia para las víctimas. En la declaración, se afirma que este episodio representa uno de los momentos más oscuros de la violencia institucional en el periodo de transición hacia la democracia, un hecho que constituye una herida colectiva que aún resuena en la sociedad vasca y española.

El Gobierno ha señalado que para construir una democracia sólida, es primordial hacer frente a los eventos del pasado con honradez y reconocer el dolor de quienes sufrieron. Se subraya la importancia de garantizar que el ejercicio de los derechos fundamentales y laborales no se vea nunca más legitimado por la respuesta violenta del Estado.

Este lunes, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, estuvo presente en un acto significativo en Vitoria, donde se descubrió una placa que convierte la iglesia de San Francisco de Asís en un 'Lugar de Memoria Democrática'. Durante su intervención, Martínez condenó los hechos, aunque se abstuvo de reconocer la responsabilidad del Estado, a pesar de que ocurrió bajo un gobierno que mantenía la herencia del franquismo.

En el comunicado oficial, además de condenar la violencia desproporcionada de la Policía, se enfatiza que las víctimas han recibido reconocimiento y reparaciones tanto por parte de las instituciones vascas como del Estado. El Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis de Vitoria han acordado establecer una Fundación que albergará el Centro Memorial de las Víctimas en la misma iglesia donde se produjo la matanza, con un apoyo financeiro de 600.000 euros por parte del Gobierno central.

Al rendir homenaje en el monolito cercano a la iglesia, el Ejecutivo expresa su profundo respeto y reconocimiento hacia quienes perdieron la vida, los heridos y sus familias, subrayando el dolor y el sufrimiento que estas tragedias acarrean. Se resalta la significancia histórica de estos eventos y se reafirma el compromiso del Gobierno con los principios de verdad, justicia y reparación.

Finalmente, se reitera que un futuro democrático y pacífico exige un enfoque claro y consciente de los episodios violentos del pasado, asegurando que estos actos no se repitan. Este esfuerzo por construir una memoria democrática robusta se traduce en políticas públicas que fomenten la verdad y la justicia, a fin de que nunca más se use la violencia en respuesta al ejercicio de derechos fundamentales.