Gobierno Vasco ampliará la información a las víctimas sobre la situación de los presos.

El Gobierno Vasco anuncia un régimen sancionador contra la exhibición de símbolos de ETA u otros grupos terroristas en un nuevo protocolo impulsado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Esta medida se enmarca en la necesidad de fortalecer la memoria deslegitimadora y garantizar la reinserción de los condenados.

Vitoria fue el escenario elegido por San José para presentar las prioridades de su departamento para la legislatura, destacando la importancia de establecer un vínculo entre la persecución del delito y la atención a las víctimas. La comunicación de progresiones de grado a los reclusos se realizará en ambas lenguas oficiales de Euskadi.

En esta legislatura se actualizará la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa con el objetivo de avanzar en una mejor conexión entre las áreas de Justicia e Instituciones Penitenciarias. La titular de Justicia subraya que es necesario garantizar los derechos de los presos, a pesar de la repugnancia que puedan generar sus crímenes.

San José enfatiza que el Gobierno debe velar por la inclusión de los presos una vez recuperen la libertad, y establecer una comunicación directa con las víctimas de los delitos para que entiendan las medidas adoptadas. Además, se compromete a reforzar las actuaciones sobre memoria y derechos humanos, especialmente entre los jóvenes.

En un tono crítico, la consejera recuerda que bajo los gobiernos del Partido Popular se concedieron libertades provisionales y terceros grados a condenados por terrorismo, incluso cuando ETA aún perpetraba actos violentos. Por ello, se defiende la necesidad de un enfoque proactivo para rechazar la exhibición de cualquier símbolo que represente a los victimarios.

El Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo está avanzando en una posición que implica una reforma legal acotada, en la que se incluiría un régimen sancionador similar al establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. La consejera también anuncia mejoras en los recursos de la comisión que analiza las solicitudes de reconocimiento de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de cuerpos policiales.

En un llamado a evitar el ascenso de la ultraderecha en Euskadi, San José destaca la importancia de utilizar la pedagogía democrática. Desde la oposición, se plantean diversas posturas, con críticas al traslado de prisiones y a las concesiones de beneficios a presos de ETA, así como dudas sobre la credibilidad de arrepentimientos en las progresiones de grado.

Los grupos que apoyan al Gobierno ven con buenos ojos las medidas anunciadas por la consejera, aunque algunos matizan ciertos elementos que no están recogidos en el acuerdo de Gobierno. La pluralidad de opiniones en el Parlamento refleja la complejidad de abordar la memoria, los derechos humanos y la reinserción en una sociedad democrática.