Gobierno Vasco impulsa el Derecho Subjetivo a la Vivienda y respalda el alquiler con nueva ayuda económica.
El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento dotacional. Esta normativa desarrolla el derecho reconocido por la Ley vasca de Vivienda de 2015. En la actualidad, 8.200 personas y familias vascas disponen de este derecho, el cual se fue reconociendo de forma paulatina en los años siguientes a la aprobación de la Ley. Se comenzó en 2016 con las familias de tres o más miembros, en 2017 se continuó con las unidades convivenciales de dos personas y en 2018 se reconoció a las unidades de un solo miembro. Arriola estima que se podría ampliar este derecho subjetivo en alrededor de 10.000 solicitantes, pero ha recordado que "tienen que pedirlo".
El acceso a este derecho se basa en cumplir una serie de requisitos como ser mayor de edad o persona menor emancipada, tener un año de residencia efectiva e ininterrumpida en el País Vasco, carecer de una vivienda, contar con una inscripción en Etxebide para un hogar en alquiler y disponer de unos ingresos máximos establecidos por tramos.
Con la aprobación de este decreto, se unifican en Euskadi dos grandes prestaciones de vivienda, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de Vivienda (PEV). Además, se establece un plan transitorio para que quienes reciben la PCV pasen a cobrar la PEV en el momento en que finalice su vigencia. El decreto también permite el acceso a este derecho a las personas que perciben el ingreso mínimo vital y las ayudas de emergencia social.
El objetivo del decreto es garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Se establecen excepciones para aquellos casos en los que la vivienda no cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, la superficie útil sea inferior a 15 m2 por persona, el uso exclusivo de la vivienda haya sido adjudicado al otro cónyuge después de un proceso de separación o divorcio, o en el caso de personas mayores de 65 años o con movilidad reducida que vivan en un edificio que no cumpla con la normativa de accesibilidad.
En conclusión, este decreto supone un avance importante en el acceso a la vivienda en el País Vasco, ampliando el número de beneficiarios y unificando las prestaciones existentes. El Gobierno Vasco se compromete a informar y facilitar el proceso de solicitud a aquellos que cumplen los requisitos, con el objetivo de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda para todos los ciudadanos.