La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha expresado su preocupación por la actitud del presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, quien ha amenazado con desinversiones en respuesta a un impuesto a las energéticas. Gorrotxategi ha criticado que estas empresas hayan obtenido beneficios multimillonarios durante la crisis y ahora se opongan a la decisión de un Parlamento democráticamente elegido, poniendo en riesgo la economía del país para defender los intereses de sus accionistas.
En concreto, Gorrotxategi ha destacado que el año pasado Petronor tuvo unas ganancias excepcionales de 470 millones de euros, mientras que su empresa matriz, Repsol, obtuvo beneficios de 4.251 millones de euros. Estos resultados récord se deben, según la portavoz, a la crisis energética, que provocó un aumento en los precios de los carburantes. Los consumidores pagaron la diferencia, mientras que las empresas energéticas se beneficiaron de estos aumentos de precios.
Gorrotxategi también ha señalado que durante los últimos dos años las empresas energéticas han aumentado sus márgenes de beneficios, aprovechándose de la crisis de la inflación para inflar sus precios. Un informe del Banco de España confirma que las energéticas elevaron sus precios de venta casi un 89% entre 2021 y 2022, mientras que sus costes de producción solo subieron un 56,9%. Esto significa que aumentaron sus precios un 32% a costa del consumidor.
Ante esta situación, se implantó un impuesto a las energéticas para que asumieran su responsabilidad y contribuyeran de manera más justa al marco fiscal, aliviando la carga sobre las familias. Sin embargo, Gorrotxategi ha criticado que el presidente de Petronor use desinversiones como forma de chantaje hacia los poderes públicos.
En su opinión, el oligopolio al que pertenecen estas empresas se opone a la decisión del Parlamento y amenaza la economía del país para proteger los intereses de sus accionistas, incluyendo a grandes bancos y fondos buitre. Gorrotxategi se pregunta cuándo se aceptó que una democracia deba soportar este tipo de acciones y cuestiona la legitimidad de aquellos que especulan con una necesidad básica. Además, plantea la necesidad de que la economía esté al servicio de la sociedad y no al revés, con las multinacionales dictando las reglas.