Greenpeace desafía la expansión del Guggenheim en Murueta con un recurso por reducir la franja de protección.

En Bilbao, Greenpeace ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Orden Ministerial que aprueba la reducción de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en Murueta como parte del proyecto de ampliación del Museo Guggenheim en Urdaibai, argumentando que se está violando la Ley de Costas.

La organización ecologista ha comunicado su decisión de llevar el caso a los tribunales en un esfuerzo por detener la construcción de las dos nuevas sedes planificadas para la expansión del Guggenheim en Urdaibai, citando preocupaciones sobre la protección de las marismas de Urdaibai, una zona de gran valor ecológico que se vería afectada por la turistificación.

Greenpeace ha destacado que uno de los edificios propuestos se ubicaría en los Astilleros de Murueta, terrenos ganados a la marisma que cuentan con protección internacional, y ha criticado al Ministerio de Transición Ecológica por permitir que los astilleros evadan su responsabilidad de descontaminar los suelos.

La organización ambientalista ha presentado un recurso legal contra la Orden Ministerial que reduce la franja de protección costera en Murueta, argumentando que esta reducción no cumple con las obligaciones de conservación impuestas por el estatus de Urdaibai como Reserva de la Biosfera y otras figuras de protección internacional.

Además de las preocupaciones ambientales, Greenpeace ha criticado la decisión del Ministerio por desviar su poder al permitir la construcción del proyecto en una zona que requiere altos estándares de conservación, y ha instado a que se retire la Orden Ministerial que incumple la Ley de Costas.

La portavoz de Greenpeace en Euskadi, Lorea Flores, ha expresado su esperanza de que el Ministerio reconsidere su decisión y anule la Orden Ministerial para proteger el valioso entorno de Urdaibai, equiparable en importancia ambiental a Doñana.

Greenpeace ha decidido presentar este recurso contencioso administrativo debido a su creencia de que la orden ministerial en cuestión viola varios aspectos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.