Huelga en Euskadi: CCOO y CSIF de Justicia reportan 90% de seguimiento y juzgados "muy deteriorados"
CCOO y CSIF se han manifestado en Bilbao para pedir a los funcionarios judiciales que sigan presionando al Ministerio a través de la huelga indefinida que comenzó el lunes pasado, y que según los sindicatos está siendo secundada por el 90% de la plantilla en Euskadi. La situación de los juzgados se ha deteriorado debido a los problemas acumulados con la pandemia, la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia y la actual huelga de los funcionarios.
El coordinador de CCOO en Bizkaia, Pedro Iglesias, ha declarado que la reunión celebrada ayer con el Ministerio fue decepcionante, pero que las ofertas que se hicieron son un primer paso y que creen que pueden lograr algo si mantienen la presión. Iglesias ha recordado que la situación en los juzgados es muy deficitaria y que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia ha puesto de manifiesto muchas carencias.
Por esta razón, Pedro Iglesias considera que es de justicia que se les aplique una subida salarial después de un incremento de funciones, ya que a otros funcionarios se les ha subido el salario por funciones que suelen delegar en los cuerpos generales. Según el representante de CCOO, alrededor del 90% de la plantilla ha seguido la huelga, un porcentaje similar al de la media estatal.
El paro ha sido convocado por CCOO, CSIF, UGT y STAJ en todo el Estado, aunque en la Comunidad Autónoma Vasca solo los dos primeros sindicatos tienen representación en el sector de Justicia. Las centrales sindicales denuncian que el Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia y ha elevado las retribuciones solo al 7% restante (el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia).
Los sindicatos piden una propuesta concreta para abrir la negociación colectiva y resolver el conflicto a la mayor brevedad, con aumentos retributivos de entre 350 y 430 euros, el reconocimiento de las funciones de cada cuerpo funcionarial y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica de eficiencia organizativa hasta que se llegue a un acuerdo.