La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una propuesta para modificar 11 de las 23 ordenanzas fiscales municipales, con el objetivo de incrementar los ingresos en 8,2 millones de euros.
SAN SEBASTIÁN, 23 Jul.
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, junto al concejal de Gestión de personas, economía y presupuestos, Kerman Orbegozo, ha anunciado en una rueda de prensa que se pretende ajustar la política fiscal a las normativas europeas, lo que implica un aumento del 3,9% en varios impuestos y tasas municipales para el año 2025.
Según Goia, esta modificación es necesaria debido al incremento de los costes en la prestación de servicios municipales y a la exigencia de la Unión Europea de alcanzar un déficit cero en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a partir de 2025.
Orbegozo ha destacado que el contexto económico actual, marcado por el aumento de los costes de los servicios y las normativas europeas, ha llevado al Ayuntamiento a proponer cambios en varias ordenanzas fiscales con el fin de obtener ingresos adicionales y cubrir los gastos corrientes.
Entre las modificaciones propuestas se incluye un incremento del 3,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Plusvalía, así como ajustes en las bonificaciones y exenciones en algunos impuestos.
Además, se prevé una actualización en las tasas por servicios como la recogida de residuos, el suministro de agua, el estacionamiento de vehículos y la prestación de servicios municipales, con aumentos que oscilan entre el 1% y el 26,54%.
En cuanto al cumplimiento de la Directiva Europea que establece un déficit cero en el servicio de recogida de residuos, Orbegozo ha señalado que se espera que el recibo medio de una vivienda aumente en 55,80 euros anuales, repercutiendo el coste según la cantidad de residuos generados por cada usuario.
La propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local comenzará ahora un proceso de tramitación que incluirá la presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales y un debate abierto a la ciudadanía en septiembre, antes de su aprobación definitiva en diciembre.
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