VITORIA, 3 de noviembre. La Diputación Foral de Álava ha tomado la decisión de iniciar un expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, responsable de los campamentos en Bernedo (Álava), en respuesta a 21 denuncias que han surgido por supuestos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacción a los menores involucrados.

Así lo informó el diputado general de Álava, Ramiro González, en su comparecencia ante las Juntas Generales de Álava, solicitada por miembros del Partido Popular. En su intervención, González subrayó la gravedad de la situación y la responsabilidad del gobierno foral en la vigilancia de estas actividades.

El diputado destacó que la apertura del expediente se debió a la identificación de "dos serios incumplimientos" de las normativas por parte de la asociación. Por un lado, no notificaron adecuadamente la realización de su actividad al departamento pertinente de la Diputación, y, por otro, no proporcionaron la documentación solicitada por la administración, lo que impidió cualquier tipo de control administrativo.

González compartió que la Diputación tomó conocimiento de la existencia de estos campamentos el pasado 15 de septiembre, a través de un correo de una madre preocupada, revelando que la actividad nunca había sido registrada ni comunicada al Departamento de Juventud, calificándola como "desconocida" para la administración.

Desde un primer momento, la Diputación se concentró en apoyar a las familias afectadas, buscando entender la situación en el 'udaleku' de Bernedo y actuando con responsabilidad institucional. González aseguró que todos los documentos relacionados se han transferido a la Fiscalía para su revisión y posible acción legal.

El diputado general enfatizó la necesidad de actuar con rapidez ante la angustia e incertidumbre vividas por las familias, declarando que la máxima preocupación ha sido siempre el bienestar de los y las menores implicadas. “Prácticas inadmisibles han tenido lugar durante años, y la gravedad de las denuncias recibidas hace evidente que esta situación no debía haberse permitido”, añadió.

Más allá de los hechos concretos, González lamentó que estas conductas han sucedido repetidamente sin que nadie hubiera actuado para detenerlas. Por ello, abogó por una investigación exhaustiva y un proceso transparente que permita a la ciudadanía conocer todos los pormenores del caso y llevar a los tribunales cualquier indicio de delito.

En un esfuerzo por evitar que situaciones similares se repitan, González anunció la creación de una mesa de trabajo entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno Vasco. El objetivo será mejorar la coordinación y el control sobre las actividades de ocio y campamentos que se realizan en la región.

Además, destacó la importancia de desarrollar unos procedimientos reglamentarios más claros en relación con la Ley Vasca de Juventud, que cubran desde la comunicación previa de actividades hasta el establecimiento de un régimen disciplinario.

Paralelamente, se implementarán medidas de inmediato para asegurar la calidad de las actividades de tiempo libre, incluyendo una campaña de sensibilización acerca del valor del voluntariado y el ocio educativo que se lanzará de cara a las festividades navideñas.

Las mesas de trabajo se reunirán cada 15 días para garantizar una oferta de tiempo libre más segura y de calidad para la juventud, poniendo en primer plano su bienestar.

Por su parte, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, argumentó que la verdadera responsabilidad recae en los que han podido cometer delitos, y no en las administraciones, que deben enfocar sus esfuerzos en prestar apoyo a las familias afectadas.

En contraste, la juntera del PP, Ana Salazar, exigió la creación de una comisión de investigación, señalando que los errores cometidos son de tal gravedad que no pueden ser ignorados. Su insistencia en la falta de responsabilidad y transparencia por parte del gobierno foral fue clara, cuestionando quién asume realmente la culpa por estos incidentes.

El juntero de Vox, Jonathan Romero, también expresó su desencanto, argumentando que la presentación del diputado general no ofreció nueva información, sino que simplemente repetía hechos conocidos. Requería claridad sobre cómo se habían producido las fallas en la comunicación entre instituciones.

Por otro lado, el juntero de EH Bildu, Xabier Valdor, criticó la opacidad en el manejo de las denuncias, resaltando que no es aceptable que casos que involucran a menores se pierdan en el sistema judicial. Abogó por evitar aprovecharse políticamente del escándalo y por centrarse en la protección de quienes han sido víctimas.

Finalmente, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, hizo un llamado a las administraciones para que intensifiquen su trabajo en la coordinación y en los protocolos de protección infantil, enfatizando que es crucial establecer mecanismos efectivos que prevengan abusos sobre los derechos de los menores en el futuro.