La justicia ordena a la UPV no contar ceros en euskera en la PAU y la universidad se niega

¿Qué pasa cuando la justicia pide que se respete la nota de un estudiante y la universidad se niega a hacerlo? Esto es exactamente lo que está ocurriendo en la UPV con los ceros en euskera de la PAU.

El pasado lunes, los juzgados de Bilbao dictaron una orden clara: que la universidad no tenga en cuenta o deje en suspenso los ceros asignados en el examen de euskera a varias decenas de estudiantes. La razón: se ha puesto en duda que se haya garantizado el anonimato y la transparencia en la evaluación. Pero, en lugar de acatar esta resolución, la universidad anunció que recurriría y que no reservaría plaza a estos alumnos, diciendo que cumplir es imposible.

La consecuencia de esta resistencia es que estos estudiantes siguen sin que se respete la decisión judicial. La medida cautelar fue clara: sus calificaciones en euskera no deben afectar sus notas ni su acceso a la universidad. Sin embargo, la administración no solo se resiste, sino que impide que puedan matricularse o preinscribirse, poniendo en riesgo su futuro académico. La ley y la justicia parecen no tener peso frente a la interés del centro.

Para los ciudadanos, esto significa que la administración pública puede incumplir órdenes judiciales sin consecuencias inmediatas. La sensación es que, en realidad, los derechos de los estudiantes no se respetan, y las instituciones parecen actuar a su antojo. Esto genera una desconfianza cada vez mayor en el sistema judicial y en la gestión académica pública.

¿Qué pueden hacer ahora los afectados? Lo más importante es que sigan insistiendo en su derecho, presionen a través de sus abogados y exijan que la justicia haga cumplir sus resoluciones. La situación requiere que las autoridades actúen con firmeza y que la comunidad educativa y la ciudadanía se solidaricen con estos estudiantes. Solo así se podrá garantizar que la ley se respete y que la justicia no quede en papel mojado.

En definitiva, la situación revela un problema grave de impunidad y de falta de respeto a las decisiones judiciales. Es fundamental que las autoridades actúen rápidamente para evitar que este tipo de situaciones se repitan y que los derechos de los estudiantes sean plenamente garantizados.