El proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático en el País Vasco ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco, a pesar de la oposición de los partidos Elkarrekin Podemos-IU y el PP.

Este proyecto, acordado por el PNV y el PSE-EE con EH Bildu, ha superado uno de sus últimos trámites en el parlamento, con la aprobación del dictamen en comisión. El texto insta al Gobierno a desinvertir en proyectos relacionados con combustibles fósiles y reinvertir esos fondos en energías renovables.

La ley también contempla la creación de un canon para la implantación de energías renovables en suelo no urbanizable, así como la obligación de destinar un 2,5% de los presupuestos públicos a acciones relacionadas con el cambio climático.

El proyecto ha sido respaldado por el PNV, el PSE y EH Bildu en la Comisión de Medio Ambiente, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y el PP han votado en contra. La aprobación final de la ley tendrá lugar en una próxima sesión plenaria donde el PNV, el PSE y los soberanistas suman 62 escaños de un total de 75.

En el debate en comisión, el parlamentario del PNV Unai Grajales ha destacado la "complicidad" entre los partidos del Gobierno vasco y el principal grupo de la oposición para buscar un equilibrio entre deseos y realidad. Por su parte, Mikel Otero de EH Bildu ha expresado su satisfacción con el acuerdo y ha afirmado que esta ley, aunque no perfecta, es necesaria y buena. Alberto Alonso del PSE-EE ha mencionado la preocupación de la ciudadanía por el cambio climático y ha resaltado la responsabilidad de los partidos al diseñar una hoja de ruta ambiciosa frente a la crisis climática.

Gustavo Angulo de Elkarrekin Podemos-IU ha criticado la falta de ambición en los objetivos y medidas del proyecto. Por ejemplo, mencionó que la Unión Europea ha establecido un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 55%, mientras que la ley vasca establece un objetivo del 33% respecto a 1990. Carmelo Barrio del PP ha cuestionado la imposición de un canon a los nuevos proyectos de energías renovables y ha afirmado que esto va en contra de la seguridad jurídica al no estar respaldado por informes técnicos, jurídicos y económicos.