La Audiencia de Bizkaia ha emitido un fallo controvertido al absolver a una enfermera acusada de simular la vacunación de menores en un centro de salud en Santurtzi. El tribunal ha determinado que su conducta está justificada por una alteración psíquica completa, lo que la exime de responsabilidad criminal; sin embargo, impondrá medidas de seguridad que incluyen siete años de tratamiento psiquiátrico externo y la prohibición de ejercer en el ámbito de la sanidad pública.

En un juicio celebrado en septiembre, se presentó evidencia que mostraba que, entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, la enfermera no había administrado las vacunas correspondientes a al menos 38 de los 404 menores a su cargo. En cambio, registró las inyecciones en los historiales médicos, a pesar de saber que no había llevado a cabo las inoculaciones de acuerdo con los protocolos establecidos.

El tribunal tuvo en cuenta testimonios de los padres, quienes manifestaron preocupación por la forma en que la enfermera administraba las vacunas, indicando que lo hacía de manera inusualmente rápida y que sus hijos no presentaron efectos secundarios, lo que generó suspicacias sobre la veracidad de los registros de vacunación.

Las pruebas serológicas realizadas tanto por Osakidetza como de manera privada confirmaron la ausencia de anticuerpos en los menores mencionados, lo que refleja una falta de inmunización. Esta situación llevó a que Osakidetza tuviese que revacunar a los niños, generando un coste adicional de 20.000 euros, que la Audiencia ha determinado debe ser indemnizado por la enfermera.

En su decisión de absolver a la acusada, el tribunal considera que su estado mental, como ha sido verificado por informes psiquiátricos, le impedía ejercer su voluntad y sus capacidades cognitivas de manera adecuada en el momento de la comisión de los hechos. Los expertos señalaron que sufría un trastorno delirante que afectaba severamente su lucidez y toma de decisiones.

Como consecuencia, la Audiencia ha resuelto no solo la absolución, sino también la necesidad de que la enfermera reciba tratamiento psiquiátrico durante los próximos siete años. Este pronunciamiento surge de la preocupación por el bienestar de la acusada y por prevenir futuros riesgos en el ámbito sanitario.

Además, el tribunal ha planteado la necesidad de revisar la legislación vigente, enviando una comunicación al ministro de Justicia para considerar tipificar como delito la simulación de vacunaciones cometida por personal sanitario, ya que puede constituir una amenaza grave para la salud pública y actualmente no se encuentra adecuadamente regulada en el Código Penal.