24h País Vasco.

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Los drones en San Sebastián solo pueden volar con autorización municipal.

Los drones en San Sebastián solo pueden volar con autorización municipal.

En 2023, la Guardia Municipal de San Sebastián ha interceptado un total de diez actividades no comunicadas que fueron propuestas para sanción, recordando la importancia de obtener una autorización para volar un dron en la ciudad.

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el edil donostiarra de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, Martín Ibabe, ha destacado que el número de avistamientos de drones en la ciudad ha ido en aumento, especialmente con la llegada del buen tiempo, generando imágenes virales en las redes sociales.

Según Ibabe, es fundamental obtener una autorización para volar un dron en Donostia, ya sea para fines comerciales o recreativos, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos por normativa europea y siguiendo las reglas de operación y limitaciones de vuelo.

El área de San Sebastián se encuentra en zona de influencia aeroportuaria, lo que requiere un control riguroso de los vuelos de drones para garantizar la seguridad. Estos aparatos deben cumplir con medidas de seguridad específicas y respetar las restricciones de vuelo en determinadas zonas protegidas.

El piloto de dron debe contar con la titulación y certificación necesaria, así como respetar las normas de distanciamiento y altura permitidas. Además, se deben tener en cuenta las limitaciones para sobrevolar áreas con aglomeraciones de personas y proteger la privacidad y derechos de terceros.

En el caso de vuelos no comunicados, la Guardia Municipal ha intensificado la vigilancia y ha logrado identificar a algunos responsables a través de investigaciones basadas en imágenes publicadas en redes sociales y seguimiento de vuelos reincidentes, lo que puede resultar en sanciones económicas considerables.

En el último año, la Guardia Municipal ha enviado actas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para imponer sanciones por vuelos no comunicados, las cuales varían según el uso recreativo o profesional de las imágenes obtenidas, pudiendo llegar a multas de hasta 225.000 euros.