VITORIA, 13 de noviembre.

En una sesión reciente del Parlamento Vasco, las formaciones PNV, PSE-EE, PP y Vox han decidido no apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía cambios en la legislación nacional para permitir que las comunidades autónomas, como Euskadi, pudiesen establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) adaptado a su contexto. Esta medida buscaba ofrecer la posibilidad de un SMI "propio" al territorio autónomo.

La propuesta fue rechazada con un considerable margen, recibiendo 44 votos en contra frente a 27 a favor, provenientes de EH Bildu y Sumar, lo que significa que no se avanzará en su tramitación en el Parlamento.

Mikel Lakuntza, secretario general de ELA, una de las organizaciones que promovieron la ILP, argumentó en su intervención que el salario mínimo actual en España no es suficiente para erradicar la pobreza. "Con 1.184 euros mensuales es imposible salir de la pobreza", subrayó, demandando una revisión significativa del salario mínimo en Euskadi.

La ILP fue respaldada por más de 138.000 firmas y busca que las decisiones sobre el SMI se tomen en Euskadi y no en Madrid. Lakuntza insistió en que esta iniciativa incluye un plan para modificar el Estatuto de los Trabajadores en el Congreso, permitiendo que las comunidades asuman la responsabilidad sobre esta cuestión.

El líder de ELA también resaltó que no existen barreras jurídicas que impidan avanzar en esta dirección. En su discurso, criticó a Confebask, indicando que muchas empresas se benefician de la precarización laboral.

El secretario de ELA advirtió que no tramitar la ILP sería un "fraude antidemocrático", ya que esta herramienta permite a la ciudadanía participar de manera activa en la legislación.

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, fue el único en expresar su postura durante el debate, recordando que el Parlamento ya había apoyado una moción a favor de un SMI propio en 2023, pero que hasta hoy no se han visto resultados concretos en esta dirección.

Otxandiano destacó la resistencia de Confebask ante un acuerdo interprofesional que reconozca un SMI propio y criticó el rechazo de la ILP, sugiriendo que limitar el debate democrático es un grave error en una sociedad que se dice democrática.

El representante de EH Bildu también comparó esta situación con el reciente rechazo a otra ILP que buscaba garantizar pensiones dignas, expresando preocupación por la falta de credibilidad que esto provoca en el sistema democrático. Además, cuestionó la postura del PNV, sugiriendo que refleja discrepancias con su socio de gobierno, el PSE-EE.

Desde el PNV, Markel Aranburu defendió que la negociación colectiva es el camino adecuado para abordar el salario mínimo. Destacó la importancia del diálogo social y pidió a empresarios y sindicatos que busquen un consenso sin imposiciones.

El parlamentario del PSE, Ekain Rico, afirmó que su partido está comprometido con mejorar las condiciones laborales y que, aunque comparten el fin, creen que la ILP es errónea. Rico advirtió que permitir que cada comunidad autonome determine su SMI podría desestabilizar el modelo de protección nacional y provocar desigualdades entre regiones.

Rico también hizo eco de las voces en contra de la territorialización del SMI, sugiriendo que eso podría ser un mal negocio para los trabajadores, dado el apoyo que ha recibido de figuras como el presidente de la CEOE y la presidenta de Madrid.

Álvaro Gotxi, del PP, expresó que su partido se opone a fragmentar el SMI en distintas regiones, argumentando que un SMI elevado podría excluir a muchos trabajadores del mercado laboral, perjudicando a la mayoría.

Gotxi continuó diciendo que implementar un SMI propio para Euskadi podría poner en riesgo la competitividad de las empresas vascas, calificando esta discusión como superficial y motivada por un deseo de crear un SMI diferenciado.

Jon Hernández, de Sumar, mostró apoyo a la búsqueda de una cifra que se adapte a la realidad económica de Euskadi, aunque cuestionó las implicaciones de la ILP, señalando que podría permitir que algunas comunidades fijen salarios por debajo del mínimo estatal.

Finalmente, Amaia Martínez, de Vox, expresó que su partido no puede apoyar la idea de un salario mínimo diferente en Euskadi en comparación con el resto de España, aduciendo coherencia política.