Representantes de más de 150 municipios de Euskadi, junto a 50 figuras destacadas en el ámbito del euskera, se congregaron hace poco ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en Bilbao. Su propósito era expresar su preocupación ante la creciente cantidad de sentencias que, según ellos, atacan al euskera y amenazan el autogobierno de la región. En este contexto, están reclamando un cambio significativo en las políticas lingüísticas, impulsado desde un consenso amplio que pueda dar origen a una nueva etapa de revitalización del idioma vasco.

El acto, organizado por Euskalgintzaren Kontseilua —una plataforma que une a los principales actores sociales defensores del euskera—, contó con la participación de miembros del PNV y EH Bildu, incluyendo al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y a la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Durante la protesta, los asistentes guardaron casi tres minutos de silencio y leyeron una declaración conjunta que refleja su descontento con las recientes decisiones judiciales.

En su intervención, Idurre Eskisabel, secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, criticó la sentencia que limita la capacidad de los gobiernos locales para establecer políticas lingüísticas que se adapten a sus necesidades específicas, a pesar de estar en línea con la legislación vigente. Eskisabel afirmó que esta decisión no solo ignora la voluntad democrática de la sociedad vasca, sino que amenaza el consenso alcanzado durante décadas y socava el autogobierno.

La secretaria general explicó además que, para promover el uso del euskera en el ámbito administrativo, es imperativo que se adopten medidas concretas que garanticen su igualdad de estatus con el castellano, en consonancia con la ley actual. Reprochó que las decisiones de los tribunales parecen alinearse con los argumentos del partido ultraderechista Vox, intensificando así la crítica hacia una sentencia que considera un asalto a la voluntad del pueblo vasco.

Según los presentes en la manifestación, el euskera se encuentra en una situación de emergencia, como lo han señalado tanto los agentes sociales involucrados como los recientes estudios que advierten sobre un posible estancamiento y retroceso del idioma. A pesar de los esfuerzos de las instituciones vascas por conferir al euskera un lugar destacado en el ámbito europeo, el creciente número de sentencias que lo obstaculizan es motivo de alarma.

Eskisabel recordó que, en lo que va de año, alrededor de 30 sentencias han puesto en jaque la capacidad de las instituciones vascas para implementar políticas lingüísticas efectivas, ya sea anulando procesos de selección pública o desafiando leyes respaldadas por un sólido consenso parlamentario. En este contexto, hizo un llamado a la unidad para que los derechos lingüísticos no sean solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida en todos los aspectos de la vida cotidiana.

“Debemos ir más allá de la simple resistencia ante ataques”, subrayó, añadiendo que es crucial fortalecer la seguridad jurídica y fomentar una actitud proactiva en la sociedad vasca. Para ella, esta es la ruta para garantizar que el euskera sea una parte activa y vibrante de la vida en Euskadi, dejando claro que “necesitamos el euskara y el euskara nos necesita”. Con este espíritu, concluyó afirmando que ha llegado el momento de dar un paso firme en las políticas lingüísticas y sembrar las bases para un renacimiento del idioma vasco.