En una apuesta por la justicia social y la adecuación a las realidades actuales, el Gobierno Vasco ha presentado un nuevo borrador para actualizar la regulación de las Ayudas de Emergencia Social (AES), en colaboración con varios ayuntamientos y un grupo de trabajo de la asociación Eudel. Este decreto propone un enfoque más humano y ajustado a las necesidades de la población, estableciendo un límite máximo de ayudas por núcleo familiar en el mismo hogar.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico será el encargado de financiar estas ayudas, que buscan aliviar las cargas económicas de quienes atraviesan situaciones críticas. Estas prestaciones están dirigidas a aquellos ciudadanos que requieren apoyo para cubrir gastos esenciales, así como para prevenir la exclusión social, tal y como detalló el Gobierno Vasco en su comunicado reciente.

El acceso a las AES implica cumplir ciertos requisitos, como ser mayor de edad y estar empadronado en el municipio al menos seis meses, además de demostrar la falta de recursos para afrontar los gastos necesarios. En particular, para acceder a ayudas de alquiler, no se debe percibir otras prestaciones vinculadas a la vivienda.

Este nuevo marco normativo busca alinear las AES con la legislación reciente sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otros procedimientos administrativos, con la intención de responder a las emergentes realidades sociales en Euskadi. El esfuerzo por modernizar y optimizar estas ayudas es el resultado de un exhaustivo trabajo colaborativo entre cinco municipios seleccionados por EUDEL, así como profesionales de la asociación y del Gobierno Vasco.

A través de este grupo de trabajo, se han identificado tanto oportunidades como desafíos, lo que ha permitido la revisión y mejora de la normativa existente, culminando en este borrador renovado. Se ha prestado especial atención a la diversidad de estructuras familiares y la fijación de un tope máximo de apoyos que puede otorgarse por hogar.

Además, el planteamiento incluye un nuevo sistema de distribución de recursos para los ayuntamientos, fundamentado en indicadores de necesidad real. Este enfoque se basa en el análisis del número de personas que reciben la RGI y aquellos que no cuentan con ninguna prestación, buscando así atender a quienes más lo requieren.

Asimismo, se considerará el monto que el Gobierno Vasco aportó a cada municipio en el año anterior y el total de gastos justificados anualmente por cada uno de ellos. Este método de distribución se ejecutará en dos fases al año, garantizando que los ayuntamientos reciban la mayor parte de la financiación rápidamente, lo que les permitirá dar una respuesta ágil a las necesidades de sus ciudadanos.

Con la elaboración del primer borrador completada, ahora se inicia el proceso de consulta con organismos especializados como el OISS y el Consejo Vasco de Servicios Sociales, así como con la ciudadanía y el sector social, incluyendo entidades como Cáritas y Cruz Roja. Durante el próximo mes, se abrirá un periodo para que cualquier interesado pueda presentar sus observaciones sobre el decreto propuesto.

Como parte de este esfuerzo por mejorar el acceso a las ayudas, el Departamento de Bienestar ha confirmado que los ayuntamientos vascos ya han recibido la asignación correspondiente a las AES para el ejercicio 2025, reafirmando su compromiso con el bienestar de la población más vulnerable.