Organizaciones vascas critican la falta de acción del Gobierno en la Ley de Cooperación y los recortes en el presupuesto.

BILBAO, 24 de marzo.

La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha expresado su preocupación por la falta de avances en la implementación de la Ley Vasca de Cooperación, señalando una notable "desidia" por parte del Gobierno Vasco. Según denuncian, los progresos en aspectos concretos son demasiado lentos y se han registrado incumplimientos en el presupuesto destinado a esta área. Además, acusan al Ejecutivo autonómico de adoptar una actitud pasiva ante el complejo escenario internacional que se vive en la actualidad.

En una comparecencia ante los medios en Bilbao, conmemorando el segundo aniversario de la entrada en vigor de la citada ley, las organizaciones no gubernamentales de Euskadi manifestaron su descontento. A pesar de que la ley generó un amplio consenso y prometía "importantes avances, propuestas y compromisos", el balance actual es desalentador, con una sensación de "decepción" en el sector.

La vicepresidenta de la coordinadora, Sonia González Martín, ha denunciado la falta de iniciativa del Gobierno Vasco en la creación de espacios de decisión, lo que ha resultado en un progreso insuficiente y en el incumplimiento de las asignaciones presupuestarias diseñadas para la cooperación. González Martín añadió que, ante la coyuntura internacional actual, el Gobierno parece haber optado por el silencio y la inacción.

Las ONGD criticaron que, en diciembre pasado, cuando el Parlamento aprobó el presupuesto del año en curso, se realizó una modificación en la ley de Cooperación que permite al sector público vasco invertir en empresas vinculadas a la producción y comercialización de armamento o tecnología militar, siempre que esté en línea con la Estrategia Europea de Seguridad. Esta medida se enmarca en un intento de salvar 325 millones de euros en inversiones potencialmente militares.

Las organizaciones destacaron la relevancia de la cooperación vasca como un "baluarte" en la lucha contra la "ola de autoritarismo y violaciones de derechos" que se observa a nivel global. A su juicio, se está produciendo un cierre del espacio cívico, que se traduce en una restricción de las libertades fundamentales.

Según el Civicus Monitor, apenas el 7% de la población mundial reside en países con un espacio cívico considerado abierto, y la mayoría de los territorios donde las ONGD vascas operan presentan condiciones de represión. En este contexto, las organizaciones consideran crítico que se restablezca el apoyo a la ayuda oficial al desarrollo, que se ha visto deteriorado por la oleada de recortes impulsada desde Estados Unidos y que ahora se extiende a Europa.

La tesorera de la coordinadora, Susana Piera, enfatizó que, para que las ONGD puedan continuar su trabajo, se requiere un compromiso firme y una asignación presupuestaria adecuada. Piera alertó que el Gobierno Vasco ha implementado en 2026 su primer recorte en diez años en el área de cooperación, lo que equivale a una reducción de 2,5 millones de euros respecto al año anterior.

Esta situación ha sido calificada por la coordinadora como una violación de la propia Ley Vasca de Cooperación, así como de los acuerdos de gobierno y del Plan Bienal de la Agencia Vasca de Cooperación. Según denuncian, el Ejecutivo podría estar retrocediendo en sus compromisos de cooperación establecidos previamente.

Piera añadió que la ley exige un aumento en el presupuesto de cooperación, al menos, en la misma proporción que el presupuesto general, lo que en términos reales implicaría un incremento de más de 7,5 millones. También recordó la meta de alcanzar el 0,7% del presupuesto para cooperación, una exigencia que, según sus estimaciones, equivaldría a un aumento de 71 millones de euros.

De acuerdo con un informe anual elaborado por la Coordinadora de ONGD sobre los presupuestos de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, la media de asignación a cooperación por parte del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales se sitúa en un 0,35%, la cifra más baja de la última década, mientras que seis años atrás estaba en un 0,40%.

En cuanto a la distribución, el Ejecutivo destina un 0,31% del presupuesto, las diputaciones una media del 0,40% (con Bizkaia liderando con un 0,42%), y los ayuntamientos exceden el 0,50% (siendo Vitoria el que más aporta, con un 0,60%).

A pesar de esta caída en el apoyo gubernamental, las ONGD vascas confían en compensar las pérdidas mediante un aumento en la ayuda al desarrollo proveniente de otras instituciones, especialmente de las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, que se prevé que contribuyan con más de 3 millones de euros adicionales.

De cara a la elaboración de los próximos presupuestos, la coordinadora ha instado a la creación de "acuerdos amplios y compromisos decididos que respalden la cooperación y la solidaridad internacional". Resaltan la necesidad de que los presupuestos de 2027 contemplen un avance significativo hacia el objetivo del 0,7% para la ayuda oficial al desarrollo.

Según el 'Informe del Sector 2025', la Coordinadora vasca abarca a 83 ONGD con una base social que incluye a 117.586 individuos, ya sean socios, voluntarios o personal técnico. Estas entidades están desarrollando 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países, abarcando áreas como salud, nutrición, educación, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, protección infantil, empoderamiento de mujeres y la comunidad LGTBIQ+, así como la defensa de los derechos humanos.

El delegado de Gipuzkoa en la Coordinadora, Iñigo Odriozola, enfatizó la fortaleza del sector, que está arraigado tanto en Euskadi como en el Sur Global. Las ONGD vascas colaboran en sus proyectos con más de 5,7 millones de personas en el mundo; una cifra que podría ser aún más alta considerando la ayuda humanitaria en Palestina, que podría beneficiar a otros casi 6 millones de personas.

Además, Odriozola señaló que una gran parte de las personas con las que trabajan estas organizaciones son mujeres, con cifras que se acercan al 80% en América, al 70% en Asia y al 55% en África.

Además de su labor en cooperación, las ONGD vascas promueven un programa educativo denominado Educación para la Transformación Social, que tiene como finalidad crear una conciencia crítica frente a las desigualdades e injusticias globales. Este programa, en su mayoría, es gestionado por organizaciones que cuentan con entre cinco y diez años de experiencia en esta área.

En los últimos tres años, más de 88 municipios vascos han participado en estas iniciativas, que han impactado a más de 550 centros educativos.

Finalmente, Odriozola subrayó que uno de los desafíos más importantes para el sector es profundizar en la educación formal, alineando sus acciones con la Ley Vasca de Cooperación y la Ley Vasca de Educación, e integrando la Educación para la Transformación Social en los currículos académicos tanto universitarios como no universitarios.