La reivindicación de una intervención decidida y eficaz en el sector de la vivienda ha cobrado protagonismo en las últimas semanas, especialmente en el contexto de un mercado inmobiliario que se encuentra, por decir lo menos, desbocado. El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha hecho un llamado contundente para implementar instrumentos que puedan regular los precios de la vivienda, en un momento donde se ha evidenciado el uso de estas propiedades como meros "activos de inversión".

El mensaje de Otxandiano, que ha sido compartido a través de sus redes sociales, plantea una visión clara: el año 2025 debe ser el punto de inflexión que impulse políticas de vivienda públicas y proactivas. En su propuesta, subraya la importancia de establecer un Salario Mínimo Interprofesional, eliminar la lógica del lucro en el cuidado y sentar las bases para una fiscalidad que supere los dogmas del neoliberalismo.

Este martes, EH Bildu hizo llegar al consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Noël D’Anjou, una serie de medidas que son "concretas y factibles" en las cuatro áreas propuestas. Otxandiano emplazó al Ejecutivo a abrir un espacio de negociación que permita el respaldo de su formación a los presupuestos vascos para el año 2025.

En el ámbito de la vivienda, Otxandiano critica la actual política que concede primacía al mercado como el "principal proveedor de vivienda", forzando a que el sector público intervenga para corregir las disfunciones del sistema mediante deducciones fiscales y ayudas a la compra. Él mismo clasifica esta estrategia como un "fracaso evidente".

Para ejemplificar su argumento, el líder de EH Bildu reveló que se destinan alrededor de 150 millones de euros a distintas prestaciones habitacionales, como Bizigune, Gazte-lagun, la Prestación Económica para la Vivienda y Emantzipa, sumados a otros aproximadamente 300 millones en deducciones estatales por la compra de vivienda. Esto significa que el total que se inyecta en este sector sobrepasa los 450 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto total asignado al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana es de solo 446 millones.

Otxandiano advirtió que mientras la inversión en prestaciones y deducciones ha crecido considerablemente en los últimos años, la crisis de la vivienda ha ido en aumento, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de estas políticas. Apuntó que es urgente mirar hacia modelos de éxito en Europa, haciéndose eco de que "ya contamos con las herramientas y el marco jurídico para avanzar hacia una política de vivienda pública activa".

Desde su punto de vista, criticar exclusivamente el aumento de la oferta sin ajustar las políticas estructurales es un enfoque erróneo. Reconoce que, a nivel europeo, la inversión en nuevas construcciones ha alcanzado cifras similares a las de la anterior burbuja inmobiliaria, pero los precios siguen ascendiendo. Esto se debe en gran parte a la utilización de la vivienda como un activo de inversión, lo que plantea riesgos de una mayor exacerbación de la crisis si no se interviene adecuadamente.

Con esto, Otxandiano concluye que es necesario mantener una postura "radicalmente realista" para desarrollar políticas públicas suficientes que enfrenten adecuadamente los retos sociales actuales y, al mismo tiempo, iniciar la construcción de un nuevo contrato social que abandone los modelos neoliberales del pasado.