La demanda por una mejora en los recursos de salud mental en Osakidetza ha cobrado un nuevo impulso, con la Sociedad Vasca de Psicología Clínica advirtiendo sobre la contratación de profesionales no especializados. Destacan que, aunque la necesidad de estos servicios es innegable, es fundamental que la expansión de los mismos se realice de manera adecuada y conforme a la legislación vigente.

En un comunicado oficial, esta organización ha manifestado su preocupación por el reciente anuncio del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que propone un proyecto piloto para integrar psicólogos no especialistas en los centros de Atención Primaria, lo cual contraviene la ley actual que estipula que solo los psicólogos con el título de Especialista en Psicología Clínica pueden ejercer en el sistema público.

La Sociedad Vasca de Psicología Clínica ha señalado que la Ley 33/2011, que regula la Salud Pública, requiere que todos los psicólogos que trabajen en este ámbito cuenten con la formación adecuada. Reflejan su inquietud al mencionar un caso reciente en el que el Servicio Riojano de Salud fue judicialmente condenado por no cumplir con este requisito legal.

En un esfuerzo por abordar el bienestar emocional de la población y prevenir problemas de salud mental severos, el Gobierno Vasco ha anunciado la incorporación de 13 nuevos psicólogos a su red de Atención Primaria. Sin embargo, este enfoque ha generado dudas sobre la calidad y la legalidad de la atención que se ofrecerá.

La Sociedad ha subrayado que aunque es evidente la necesidad de incrementar los recursos en este sector, las soluciones no deberían comprometer los estándares legales y éticos. Reiteran que la legislación actual establece claramente que la formación especializada es fundamental para ejercer adecuadamente en el Sistema Nacional de Salud.

Además, critican que Osakidetza está considerando la contratación de graduados universitarios que solo han completado un máster en Psicología General Sanitaria, lo cual plantea serias interrogantes sobre las habilidades que estos profesionales podrán aportar. Mencionan que la incorporacion de estos graduados como “gestores emocionales” o “técnicos de bienestar” es preocupante y podría poner en riesgo la calidad de la atención proporcionada.

La organización ha expresado su sorpresa por la situación, especialmente a la luz de la reciente condena del Servicio Riojano de Salud, señalando que sería inaceptable permitir que profesionales sin la debida especialización atiendan a pacientes con problemas de salud mental, comparando esto con no permitir que un médico general actuara como pediatra sin la formación necesaria.

La falta de profesionales en el sector es una realidad preocupante, pero insisten en que no se deben emplear soluciones temporales que no cumplan con los requisitos de formación y competencia. Argumentan que la intervención en salud mental es un campo complejo, que demanda un sólido conocimiento clínico, más allá de la buena voluntad de quienes deseen ayudar.

Finalmente, concluyen que es crucial que cualquier avance en el campo de la salud mental sea realizado con los más altos estándares profesionales y educativos, argumentando que esta área de la medicina merece una atención adecuada y no puede ser tratada como un simple parche ante una crisis de recursos.