BILBAO, 11 de febrero.

El Tribunal Central de Instancia ha decidido hacer público el contenido de un procedimiento judicial que investiga a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, junto a otros directivos, por posibles delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad. Estos cargos surgen a raíz de la venta, presuntamente no autorizada, de acero a una empresa armamentística en Israel.

Un auto emitido el miércoles por el juez Francisco de Jorge Mesas indica que la investigación se inició el 8 de enero de 2026 en el contexto de las diligencias preliminares 51/2025, y hasta ahora había estado sujeta a secreto, el cual se prorrogó hasta el 6 de febrero. Sin embargo, tras realizarse un registro en la sede de Sidenor, el juez ha decidido levantar el secreto de la causa.

La decisión judicial se produjo un día después de que la Policía Nacional efectuara un registro en las instalaciones de Sidenor en Basauri, donde permaneció varias horas recolectando información sobre la venta de acero a Israel por parte de la compañía vasca.

En respuesta a esta acción, Sidenor afirmó que había colaborado plenamente con las autoridades, proporcionando toda la información necesaria de forma diligente y transparente.

El contexto de esta investigación se sitúa en octubre del año pasado cuando el juez de la Audiencia Nacional, que ahora actúa en el Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, inició las indagaciones sobre Jainaga por presuntos delitos relacionados con el contrabando y la complicidad en crímenes de lesa humanidad, dado que las partidas de acero fueron vendidas sin la debida autorización a Israel Military Industries (IMSI).

El tribunal también investiga a otros dos directivos de Sidenor, a quienes se les atribuye conocimiento de que estaban vendiendo a un fabricante de armas, y que el acero proveído sería destinado a la fabricación de armamento. Se afirma que no se solicitó autorización al Gobierno ni se inscribieron en el registro correspondiente, según un oficio de la Comisaría General de Información fechado el 10 de septiembre.

El 12 de noviembre, Jainaga y los otros directivos comparecieron como investigados a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. Durante su declaración, Jainaga defendió que Sidenor había actuado dentro de la legalidad, argumentando que el acero comercializado a Israel no estaba listado entre los productos que requerían un control específico por parte de las autoridades.