El Parlamento Vasco está a punto de reanudar sus actividades con una ambiciosa agenda centrada en la problemática de la vivienda, especialmente a través de una serie de comparecencias ante su Comisión de Vivienda programadas para el próximo mes de septiembre.

La iniciativa, que busca abordar la Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, contará con la participación de diversas voces del ámbito social y profesional: patronales del sector, sindicatos, expertos en urbanismo, plataformas ciudadanas y representantes institucionales, quienes compartirán sus propuestas para enriquecer el debate legislativo.

Las comparecencias comenzarán el 8 de septiembre, fecha en la que se espera la asistencia del sindicato ELA, la Plataforma Stop Desahucios, así como de CCOO y Kolektibo 47 etxebizitza denontzat, junto con dos expertos en temas relacionados con la vivienda y el urbanismo.

Continuando con el programa, al día siguiente se presentarán en la comisión un abogado urbanista, un arquitecto y representantes de EGK-Consejo de la Juventud de Euskadi, ampliando así la variedad de perspectivas que se tomarán en cuenta en el asunto.

El 10 de septiembre está reservado para las patronales de la construcción de las tres provincias históricas, así como para la participación de Eudel, LAB y más especialistas que aportarán su visión sobre el desarrollo urbano en Euskadi.

La proposición de ley, presentada por el PNV y el PSE-EE el pasado 3 de junio, busca modificar la normativa existente para facilitar la construcción de viviendas. Su enfoque gira en torno a la necesidad de activar un parque de suelo disponible que podría albergar más de 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 serían protegidas, pero que actualmente permanecen inutilizadas por diversas restricciones.

Uno de los objetivos clave de esta legislación es "desbloquear" el desarrollo de nuevos inmuebles, lo que se traduciría en una reducción de la reserva para vivienda protegida del 75% al 60%, asegurando al menos un 55% para vivienda de protección social.

La propuesta también plantea un aumento de hasta el 10% en la edificabilidad urbanística, cuyo resultado se destinaría exclusivamente a la vivienda de protección pública, manteniendo el mínimo requerido para garantizar la inclusión social.

Entre las medidas planteadas, se prevé la posibilidad de establecer nuevos alojamientos dotacionales en terrenos destinados a equipamientos, y se implementará un régimen sancionador para aquellos que incumplan con la regulación de áreas de mercado de vivienda tensionada.

La ley, impulsada por el PNV y el PSE-EE, tiene como fin último aumentar la oferta de viviendas, tanto las protegidas como las de libre precio, buscando que sean más accesibles para la población. Además, se contemplan cambios en los procedimientos administrativos que permitirían acelerar los tiempos de construcción, con la promesa de reducir la tramitación hasta en ocho meses.