En un reciente anuncio que ha captado la atención mediática, la empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria en Bélgica, SNCB, ha identificado a la firma vasca CAF como su opción preferente para un contrato que asciende a 1.695 millones de euros. Sin embargo, este respaldo viene acompañado de una condición clave: la confirmación de que las operaciones de CAF cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos.

El SNCB, que es el equivalente belga del Adif en España, ha destacado en su comunicado la importancia de contar con garantías que aseguren que la fabricación y los procesos de la empresa vascas respetan principios cruciales en derechos humanos. Además, ha instado a CAF a colaborar con proveedores locales en la producción de los trenes, como parte de un compromiso hacia la comunidad y la economía nacional.

Esta exigencia de adherirse a los derechos humanos surge a raíz de las preocupaciones planteadas por diversos sindicatos y partidos políticos en Bélgica. CAF se ha visto envuelta en la controversia debido a su participación en un proyecto de tranvía en Israel, que se extendería a una zona ocupada y ha sido categorizado como ilegal por organismos como las Naciones Unidas, según denuncias de Amnistía Internacional.

La solicitud de priorizar a proveedores locales también responde a la presión política que favorece a Alstom, competidor de CAF. Esta empresa francesa, con cuatro centros de producción en Bélgica y alrededor de 1.900 empleados, ha sido respaldada por sectores que argumentan que el contrato debería ser adjudicado a una firma que contribuya más directamente a la economía belga.

La controversia se intensificó cuando el Consejo de Estado del país anuló la decisión inicial del SNCB, que en febrero apoyó la oferta de CAF. Este organismo exigió una justificación más clara sobre la elección de la empresa como candidata para el contrato, subrayando la necesidad de un proceso transparente y fundamentado en la toma de decisiones.

El contrato en cuestión constituye un acuerdo marco para la provisión de trenes de cercanías en Bélgica, con una capacidad total de hasta 170.000 plazas y un compromiso financiero base correspondiente a 1.695 millones de euros, inicialmente dirigido a unidades diseñadas para 54.000 pasajeros.