La Diputación Foral de Bizkaia ha tomado la decisión de declarar la "situación de excepcionalidad" dentro de la red de acogida para menores migrantes no acompañados, lo que le permitirá activar un dispositivo asistencial de emergencia con el objetivo de aliviar la presión que enfrenta esta red, que actualmente atiende a 602 jóvenes en el territorio. La institución foral ha solicitado la colaboración urgente de otros territorios, comunidades autónomas y, de manera especial, del Gobierno central para establecer un "reparto más justo y equilibrado" de estos menores, ya que la situación se ha vuelto insostenible para Bizkaia.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, expuso los puntos tratados en el Consejo de Gobierno foral, subrayando la implementación de "medidas excepcionales" para hacer frente al dramático aumento de llegadas de menores extranjeros. Este incremento ha estado tensionando la red de acogida al máximo, lo que ha llevado a la necesidad de adoptar medidas urgentes.

Arrizabalaga detalló que, en promedio, están llegando a Bizkaia tres menores diarios a través de diversas vías, y que, en la actualidad, 16 centros están trabajando para proporcionar atención a los 602 menores que ya están bajo su resguardo. Esta situación ha provocado el colapso de la red de acogida en el territorio.

Además, la diputada advirtió que un número significativo de los menores que residen en Canarias tiene previsto continuar su viaje hacia Bizkaia, complicando aún más la planificación de proyectos socioeducativos que facilitarían su integración en la comunidad. La llegada continua e impredecible de estos jóvenes dificulta enormemente la posibilidad de ofrecerles el apoyo que necesitan.

La Diputación ha recalcado que, conforme a la normativa vigente, pueden "habilitar de manera excepcional" instalaciones y recursos humanos para proporcionar atención inmediata a los menores en situaciones de desprotección. Esta medida tiene como intención ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades urgentes.

La portavoz ha informado que los nuevos recursos serán temporales, establecidos para funcionar un máximo de un año, con la posibilidad de una prórroga de seis meses adicionales. Estos dispositivos incluirán personal educativo, sanitario y asistencial para garantizar una atención integral a estos menores.

Arrizabalaga enfatizó que Bizkaia lidera el territorio peninsular en términos de acogida, al ofrecer un itinerario socioeducativo a 602 menores no acompañados. Además, resaltó que, en el último año, se han inaugurado cuatro nuevos centros destinados a brindar este tipo de atención.

Con el colapso de la red justificado a partir del "crecimiento exponencial" de las llegadas, las medidas excepcionales son cruciales para ofrecer refugio y soporte a los menores migrantes. Arrizabalaga advirtió que esta declaración responde a una "situación límite" que requiere una respuesta inmediata y a la activación de un dispositivo asistencial que ayude a descongestionar la red actual.

La diputada también reiteró que Bizkaia tiene la responsabilidad de seguir acogiendo a otros menores extranjeros no acompañados, un deber tanto "moral" como "legal". Sin embargo, subrayó la necesidad de un "plan de reparto ordenado y equitativo" por parte de las autoridades competentes para poder brindar una atención adecuada a estos jóvenes.

Según sus declaraciones, se implementará un "dispositivo inmediato de emergencia" que no estaba contemplado en el decreto que regula la acogida de menores no acompañados, permitiendo que los recursos "excepcionales" funcionen por un máximo de un año, prorrogable por seis meses. Esta acción se llevará a cabo de inmediato, permitiendo la posibilidad de adoptar otras medidas que sean necesarias.

Arrizabalaga destacó que la situación en Bizkaia es "totalmente excepcional", advirtiendo que las proyecciones de llegadas son cada vez más alarmantes y que no se puede prever la magnitud de la crisis en el futuro cercano.

La portavoz insistió en que la constante llegada de menores ha puesto en evidencia la urgente necesidad de realizar obras de adecuación en los centros de acogida, asegurando condiciones de seguridad y bienestar para los jóvenes. Además, quiso transmitir un mensaje de calma a la ciudadanía vizcaína, reafirmando que es un "territorio solidario" que tiene un compromiso ético y legal de acoger a estos menores.

A pesar de los esfuerzos de Bizkaia, Arrizabalaga hizo un llamado a otros territorios y comunidades autónomas y, especialmente, al Gobierno central, subrayando que "no pueden más" y que la red de acogida en Bizkaia ha alcanzado su límite. Por ello, la Diputación solicita un "reparto más justo y equilibrado" que permita una atención digna para todos los menores en situación de vulnerabilidad.

La diputada garantizó que la Diputación cuenta con recursos económicos suficientes, aunque subrayó que el verdadero reto radica en lograr un reparto equitativo de los menores entre todas las regiones. La colaboración y una distribución más justa son esenciales para poder afrontar esta crisis con la seriedad que requiere.

En esta línea, Arrizabalaga destacó la colaboración fluida y sostenida entre la Diputación y otros organismos, incluyendo el Gobierno vasco y la Fiscalía, sobre la situación actual de la red de acogida y la necesidad de adoptar medidas urgentes para controlar los flujos y establecer un reparto justo.

Finalmente, la portavoz hizo un llamado a la corresponsabilidad de otras comunidades autónomas ante esta crisis humanitaria, recordando que no pueden esquivar su obligación de actuar. Con la declaración de excepcionalidad, se espera que se pongan a disposición de los menores no acompañados los recursos necesarios para asegurarles una atención integral que abarque tanto los aspectos educativos como los psicosociales.

Históricamente, la Diputación reachó su mayor carga en 2018 con 400 menores acogidos, cifra que ha crecido significativamente hasta llegar a los 602 actuales. Arrizabalaga resaltó que esta situación ha sido advertida en diversas ocasiones, y la Diputación ha intensificado sus esfuerzos para gestionar la creciente presión sobre la red de acogida desde hace varios meses.