BILBAO, 28 de noviembre.

La Diputación Foral de Bizkaia ha tomado una decisión crucial al acordar la implementación de un dispositivo excepcional destinado a proporcionar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región. En un contexto de creciente presión sobre la red de acogida, la institución ha hecho un llamado urgente a otras comunidades autónomas y, en particular, al Gobierno central, reclamando un "reparto más justo y equilibrado" de las cargas, subrayando que la situación ha alcanzado un punto crítico donde la red vizcaína "no puede más".

La institución foral enfatiza que, según la legislación vigente, tiene la capacidad de "habilitar de manera excepcional instalaciones y profesionales" para garantizar que estos menores reciban la atención necesaria de forma inmediata. Este paso se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por hacer frente a la creciente llegada de menores que requieren protección.

Leixuri Arrizabalaga, portavoz de la Diputación, explicó en una rueda de prensa este jueves los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, donde se subrayó la necesidad de implementar "medidas excepcionales dentro de la red de acogimiento para menores migrantes no acompañados". Arrizabalaga señaló que el aumento exponencial de llegadas ha provocado una tensión significativa que pone en riesgo el funcionamiento de la red de acogida.

Los datos proporcionados indiquen que en Bizkaia están llegando, en promedio, tres menores al día por diversas vías. Actualmente, 16 centros tienen en su custodia a un total de 602 menores extranjeros, evidenciando que la capacidad de respuesta de la red se ha visto superada. Esta situación crítica resalta la urgencia de una intervención coordinada y eficaz ante un problema que afecta a los más vulnerables.

Además, Arrizabalaga destacó que una porción significativa de los menores que se encuentran en las Islas Canarias están programados para continuar su trayectoria hacia Bizkaia. "La llegada impredecible y difícilmente planificable de estos menores complica nuestra capacidad para ofrecerles un proyecto socioeducativo que facilite su integración en la sociedad", aseguró, reflejando la preocupación por el futuro de estos jóvenes.

La diputada detalló que los recursos que se activarán tendrán una duración máxima de un año, con la posibilidad de prorrogarse seis meses adicionales, y estarán compuestos por profesionales educativos y asistenciales, incluidos sanitarios y sociales, así como personal auxiliar, con el fin de cubrir las múltiples necesidades de estos menores.