Captadas con falsas ofertas y trabajando 17 horas: la trama que destapa la Guardia Civil
La Guardia Civil investiga a dos personas por captar víctimas con falsas ofertas y explotarlas hasta 17 horas diarias sin alta en la Seguridad Social.
Dos mujeres marroquíes llegaron a España con una promesa de trabajo y terminaron trabajando hasta 17 horas al día, sin contrato y, en ocasiones, sin cobrar nada. La Guardia Civil de Bizkaia investiga ahora a dos personas por trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Todo empezó en octubre de 2024, cuando la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertó a los agentes de un posible caso de explotación. Tras varias entrevistas, una de las personas afectadas decidió denunciar lo que había vivido después de cruzar la frontera atraída por una oferta laboral que nunca se cumplió.
Las ofertas que recibían eran tentadoras: salarios por encima de la media del sector hostelero y la promesa de regularizar su situación administrativa. Con esa ilusión dejaron sus casas y se trasladaron a un establecimiento cercano a Mioño, en Cantabria. Según su relato, la realidad fue muy distinta.
Las jornadas empezaban hacia las 07.00 y podían alargarse más allá de la medianoche, con un solo día libre a la semana. Además de trabajar en la hostelería, hacían tareas personales para los responsables del local. Dormían juntas en colchones en el sótano, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y, cuando cobraban, era una cantidad muy inferior a lo pactado. Algunas denunciaron agresiones, amenazas y tratos degradantes, y los agentes supieron de cámaras instaladas para controlar su actividad.
Lo que esto significa para cualquiera: si una oferta de empleo suena demasiado buena, promete papeles a cambio de trabajar o pide que te desplaces sin contrato firmado, conviene desconfiar. Y para quien trabaja en hostelería, este caso recuerda que las inspecciones de condiciones laborales existen precisamente para estos casos.
El caso ya está en manos del Tribunal de Instancia número 2 de Castro-Urdiales, que deberá decidir si se abre juicio. El establecimiento fue cerrado temporalmente por salubridad y después traspasado a otra actividad. Las víctimas tienen derecho a asistencia y protección con independencia de su situación administrativa, y pueden acogerse a medidas como la suspensión de expedientes de extranjería durante el periodo de identificación. Si conoces una situación similar, puedes denunciarla ante la Guardia Civil o ante organizaciones de apoyo a víctimas.