El pasado 11 de diciembre en Bilbao, el Gobierno español ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia y reparación al reconocer a dos miembros del grupo ETA, Juan Paredes Manot, conocido como 'Txiki', y Ángel Otaegi, como víctimas de un sistema judicial injusto. Este reconocimiento se produce tras la anulación de sus condenas, que datan de hace 50 años, en un Consejo de Guerra declarado "ilegal". La información ha sido confirmada a través de documentos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.

Las familias de Txiki y Otaegi habían solicitado este reconocimiento a principios de año, presentando su caso ante la Delegación del Gobierno del País Vasco, respaldándose en la Ley de Memoria Democrática que busca reparar las injusticias del pasado español.

El Gobierno ha emitido, el 25 de noviembre, dos Declaraciones formales que reconocen a Paredes Manot y Otaegi como víctimas, eliminando las condenas impuestas en un juicio que careció de las garantías necesarias. Este gesto se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura franquista.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho entrega a los familiares de las declaraciones que destacan la persecución y la violencia sufridas por motivos políticos e ideológicos durante el régimen de Franco. Torres ha subrayado que el juicio al que fueron sometidos no cumplió con las mínimas exigencias de justicia, reafirmando así su condición de víctimas.

El documento también menciona la existencia de "intimidación e indefensión" en el proceso judicial al que fueron sometidos, como se establece en la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, normativa que valida la ilegitimidad del Consejo de Guerra que funcionó en esos años oscuros. Con esta declaración, se anulan las resoluciones del franquismo que llevaron a su fusilamiento, cerrando un capítulo de injusticia que ha perdurado por décadas.