La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha criticado la intensa judicialización del euskera y ha censurado la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la necesidad de alegar desconocimiento del euskera para solicitar documentación en castellano en los ayuntamientos vascos. Según Garamendi, esta decisión supone una vulneración del autogobierno vasco y un desprecio al euskera y a sus hablantes.

El Gobierno Vasco ha expresado su desacuerdo con el Tribunal Constitucional y ha señalado que esta sentencia profundiza en la erosión del autogobierno y refuerza la tendencia recentralizadora por parte del Estado. Además, el Ejecutivo Autonómico ha lamentado que la ley no establezca la prevalencia del euskera sobre el castellano y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha afirmado que las entidades locales pueden utilizar ambas lenguas con normalidad.

La Consejera Garamendi ha denunciado la ideologización del euskera y ha advertido sobre el impacto que esto tiene en el trabajo de los miembros de las corporaciones locales. Según ella, se está llevando a cabo una interpretación restrictiva que no tiene en cuenta el contexto natural de la lengua y que va en contra del diálogo y acuerdo presentes en las administraciones durante las últimas décadas.

El Gobierno Vasco ha recordado que esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado por Vox contra un decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en las instituciones de las entidades locales de Euskadi. La resolución del Tribunal Constitucional anula un precepto de dicho decreto y considera que la exigencia de desconocimiento del euskera para utilizar el castellano en las comunicaciones de las entidades locales supone un trato preferente del euskera y perjudica los derechos lingüísticos de sus miembros.