El Parlamento Vasco ha marcado un hito en su historia al dar luz verde a los Presupuestos Generales de Euskadi para 2025, que alcanzan la cifra récord de 15.728 millones de euros. Esta aprobación se ha conseguido con el respaldo unánime del PNV y el PSE-EE, sumando 39 votos a favor, frente a los 36 votos en contra emitidos por los grupos de oposición, que incluyen a EH Bildu, el PP, Sumar y Vox.

La aprobación de estas cuentas llegó tras un intenso debate donde ambas partes reafirmaron sus posturas previamente expuestas sobre el presupuesto. Si bien el beneplácito del Gobierno Vasco representa un incremento sustancial de 703 millones de euros comparado con el presupuesto actual, lo que equivale a un crecimiento del 4,7%, la oposición mantuvo su crítica inquebrantable a la gestión económica del Ejecutivo.

Una de las cifras más destacadas de estos nuevos presupuestos es la asignación de 1.531 millones de euros a inversión pública, lo cual refleja un aumento del 8,8% respecto al año anterior. Las principales áreas de gasto se distribuirán entre Salud, con 5.115 millones; Educación, con 3.247 millones; Economía, Trabajo y Empleo, que recibirá 1.225 millones; y Seguridad, que contará con 796 millones.

Durante el debate, Alaitz Zabala, parlamentaria del PNV, subrayó que este presupuesto es el resultado de la capacidad de acuerdo entre el PNV y el PSE-EE, cuya colaboración, a pesar de sus diferencias ideológicas, ha propiciado una "estabilidad institucional" y una hoja de ruta hacia un Euskadi que aspira a ser modelo en diversos aspectos.

“Este presupuesto permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, reducir las listas de espera y fortalecer la educación pública, entre otras prioridades”, manifestó Zabala, quien además reivindicó la labor del PNV en defensa del autogobierno y en la búsqueda del bienestar colectivo. Sin embargo, no dudó en criticar a la oposición por su falta de disposición al diálogo, enfatizando que su grupo se niega a participar en lo que considera “aventuras populistas que solo traen desilusión”.

En su intervención, el parlamentario Ekain Rico del PSE-EE destacó que estos presupuestos están diseñados para potenciar el bienestar y la calidad de los servicios públicos en áreas vitales como la educación y la salud. Cuestionó abiertamente a la oposición sobre sus objeciones, sugiriendo que sus críticas carecen de fundamento y que sus enmiendas sólo reflejan una falta de una alternativa sólida.

Rico no escatimó palabras al recordar que las actitudes y enmiendas de EH Bildu, el PP y Sumar los han dejado en una posición comprometedora, haciendo hincapié en que su modelo alternativo parece existir únicamente en su imaginación. Criticó la “desesperada lucha” de EH Bildu por deslindar responsabilidad en las negociaciones presupuestarias, argumentando que han estado más preocupados por el espectáculo que por proponer soluciones reales.

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, reconoció la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario, pero insistió en la necesidad de crear un espacio de diálogo que permita desarrollar políticas estratégicas para el país. Recriminó al Gobierno por su indiferencia, sugiriendo que se evidencia una falta de interés en buscar consensos reales que enfrenten la desafección política en la sociedad.

Además, Otxandiano criticó la falta de respuesta del Ejecutivo a propuestas clave, como las relacionados con el control del alquiler y la regulación de pisos turísticos, destacando que sin una verdadera disposición al diálogo, será imposible avanzar. Afirmó que no se permitirá que el Parlamento Vasco se alinee con las prácticas que hoy se observan en el Congreso de los Diputados, donde predomina la confrontación sin un sustento ideológico sólido.

El debate se extendió hacia la cuestión del autogobierno, donde Otxandiano abogó por establecer un "suelo común" que reconozca a Euskadi como una nación, lo que conlleva efectos jurídicos importantes. Enfatizó que en 2025 el estatus político debe ser debatido de forma decisiva, señalando la necesidad de avanzar también en derechos como el establecimiento de un salario mínimo adecuado y una presión fiscal alineada con la media europea.

El presidente del PP, Javier de Andrés, no dejó de expresar su desacuerdo con el presupuesto, denunciando que gestiona la economía vasca de manera insatisfactoria y que no corresponde a las necesidades del País Vasco. Desde su perspectiva, el apoyo a este presupuesto significaría apoyar la tergiversación de problemas fundamentales como la educación y la seguridad, afirmando solemnemente que su grupo no puede brindar confianza al Gobierno actual.

Por otro lado, Jon Hernández, de Sumar, también manifestó rechazo a las cuentas, planteando que estas perpetúan un modelo que no solo no comparten, sino que se niegan a escenificar como un mero acto de negociación. Mientras que Amaia Martínez, de Vox, criticó el presupuesto por su enfoque en la promoción del euskera y lo que ella considera un despilfarro de recursos en la administración pública vasca.