En Bilbao, el 27 de febrero, Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, se mostró optimista respecto a la posible derogación del recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía. Este recurso, promovido por su partido, busca dar un nuevo enfoque a un futuro pacto estatutario vasco, el cual espera sea transformado de manera favorable por el Tribunal Constitucional.

Esteban destacó que existe una clara voluntad de colaboración entre el PNV, EH Bildu y el PSE-EE para llegar a un acuerdo significativo. Este entendimiento, según el líder jeltzale, debe ser ratificado por el pueblo vasco sin que interferencias externas, provenientes de actores que no formaron parte del consenso, interpongan recursos antes de la votación ciudadana.

Durante un encuentro matutino organizado por Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Esteban recalcó el compromiso de discreción existente entre los partidos, a la hora de mantener conversaciones sobre un nuevo estatus o reforma estatutaria. Esta colaboración se encuentra en una fase crítica, en la que el avance hacia un acuerdo depende de resolver puntos esenciales que podrían deslizar el proceso hacia una solución más fluida.

En declaraciones recientes, Esteban había insinuado que para esta fecha podría determinarse si el entendimiento estaba a la vista. Sin embargo, expresó incertidumbre en sus palabras, aunque reafirmó la fuerte intención de los tres partidos para seguir buscando un acuerdo, lo que lo deja con un sentimiento de optimismo.

El dirigente del PNV también evitó fijar plazos concretos para alcanzar el consenso, aclarando que la reciente propuesta de su grupo para derogar el recurso de inconstitucionalidad está intrínsecamente ligada a la reforma del Estatuto. En su opinión, un acuerdo robusto que cuente con el respaldo de las Cortes Generales reflejaría un amplio consenso político que debería ser validado a través de un referéndum entre la ciudadanía vasca.

Esteban hizo hincapié en que no es aceptable que un acuerdo alcanzado, no solo en Euskadi, sino también en el ámbito nacional, no sea presentado a votación, ni que se permita que el Tribunal Constitucional intervenga antes de que la ciudadanía tenga la oportunidad de expresarse, distorsionando el acuerdo obtenido. Según sus palabras, es un proceso necesario y, por lo tanto, están vigilantes para asegurar que el camino no se vea obstaculizado por dilaciones en los plazos de enmienda.