Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha reiterado, mediante un auto, que no se han encontrado pruebas de delito en el marco del denominado ‘caso Bidegi’, relacionado con supuestas irregularidades en la ejecución de las obras de la AP-1 en Eskoriatza, durante la gestión del PNV en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta decisión llega tras el rechazo de un recurso presentado por EH Bildu, que había impulsado la acusación inicial.

La controversia se origina en una querella presentada en 2014 por la Diputación de Gipuzkoa, bajo la administración de EH Bildu, contra varios responsables de Bidegi, la sociedad foral a cargo de la gestión y mantenimiento de las autopistas. Las acusaciones se centraban en presuntas irregularidades en las liquidaciones y en la detección de sobreprecios que, según se alegaba, habrían causado un perjuicio económico a la institución foral en relación con la obra de la AP-1 entre Vitoria-Gasteiz y Eibar, específicamente en el tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte.

En febrero de 2024, este mismo juzgado decidió archivar provisionalmente la querella que investigaba delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en relación con las obras de la AP-1. De manera similar, se había determinado el sobreseimiento de otra querella interpuesta en 2015 sobre los mismos hechos, pero en un tramo diferente de la autopista.

El reciente auto del juzgado, fechado el pasado 6 de octubre, reafirma que la investigación realizada no ha demostrado la existencia de ningún delito que justifique la continuación del proceso. Las diligencias se iniciaron tras la aceptación de la querella en 2014 y su posterior ampliación en 2015, incluyendo a varios directores de proyectos y representantes de la UTE involucrada.

Las denuncias apuntaban a errores en las liquidaciones y a sobrecostos que perjudicaban a la Diputación. Sin embargo, este desarrollo judicial destaca que informes periciales posteriores presentados por diversas entidades, incluida la propia Diputación, contradicen las alegaciones iniciales, refutando las conclusiones sobre las irregularidades y los supuestos sobreprecios.

Los informes revisados revelaron que no reflejaban la realidad de las mediciones de la obra, carecían de un análisis exhaustivo y se basaban en datos erróneos, por lo que no son válidos para sostener las acusaciones. Además, se ha comprobado que no hubo ningún perjuicio económico para la Diputación ni para Bidegi, como confirmaron ambas partes a través de documentos presentados ante el juzgado.

Un informe pericial adicional, solicitado por uno de los querellados, evidenció que la obra enfrentó importantes aumentos en costes y plazos debido a circunstancias ajenas a la UTE, siendo esta la causa de las pérdidas. Este dictamen apoya la realidad de los cortes de presupuesto y las liquidaciones en la obra.

Por otro lado, un informe técnico presentado por el director de contrato de Bidegi contrapone las conclusiones de los informes anteriores, subrayando que las condiciones geológicas inusuales complicaron las excavaciones y que no se podían realizar mediciones precisas de la sobreexcavación, dada su variabilidad.

Por último, la investigación también había sido objeto de revisión por parte del Tribunal Vasco de Cuentas, que finalmente archivó el caso al no encontrar fundamentos para continuar con él, refutando igualmente las acusaciones formuladas. El juzgado, en consecuencia, ha determinado que no existen elementos que sustenten acusaciones de malversación o falsificación, resolviendo el cierre provisional del caso.