En un reciente giro en el ámbito legal, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido remitir al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa al artículo 187.5 de la Ley Vasca de Empleo Público. Este artículo, crucial para la política lingüística de la comunidad, establece la obligación de asignar perfiles lingüísticos en euskera a todas las posiciones en la administración pública vasca.

Este movimiento del TSJPV se produce en un contexto en el que se encuentran en espera los recursos presentados por el Partido Popular y Vox, los cuales impugnan diversos elementos del decreto 19/2024, promulgado el 22 de febrero, que busca promover la normalización del uso del euskera en el sector público. La razón de esta impugnación se relaciona directamente con el artículo en cuestión, que se considera fundamental para garantizar el uso del euskera en el ámbito laboral administrativo.

Mientras tanto, el avance de los recursos queda temporalmente detenido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse primero sobre la admisión de la cuestión y, en una segunda fase, sobre el contenido del caso. Este paréntesis judicial sienta un precedente significativo en la interpretación de la ley y el futuro de las políticas lingüísticas en la región.

La decisión del TSJPV de plantear la inconstitucionalidad ha surgido tras recibir aportaciones de todos los actores implicados, incluida la Fiscalía. Tanto los partidos de derechas como la Fiscalía mostraron su interés en que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad del artículo 187.5. En contraste, el Gobierno Vasco ha expresado su oposición a esta iniciativa, arguyendo que el tribunal cuestiona un marco jurídico esencial para asegurar un servicio público que sea efectivamente bilingüe y accesible a toda la ciudadanía.

(Se proporcionará información adicional en breve)