El conflicto entre el País Vasco y el gobierno español tiene raíces históricas que se remontan siglos atrás. La lucha por la autonomía y la identidad vasca ha sido una constante a lo largo de la historia, con episodios de resistencia y represión por parte de las autoridades centrales. En este contexto, el surgimiento de ETA como organización armada en los años 60 cobró relevancia como expresión de la lucha por la independencia del País Vasco.
ETA, cuyas siglas significan Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad), fue fundada en 1959 como un grupo político de carácter nacionalista vasco. Sin embargo, con el paso de los años, su ideología se radicalizó y evolucionó hacia el independentismo armado, llevando a cabo acciones violentas en busca de sus objetivos políticos.
En sus inicios, ETA se caracterizaba por una estructura descentralizada y una militancia comprometida con la lucha armada. Sus acciones se dirigían principalmente contra objetivos del Estado español y de las fuerzas de seguridad, así como contra figuras políticas y civiles que eran consideradas contrarias a la independencia del País Vasco.
En la década de los 70, ETA experimentó un rápido crecimiento y una mayor radicalización de sus métodos, lo que llevó a un aumento de la violencia en el País Vasco y en otras regiones de España. Los atentados terroristas se hicieron más frecuentes y más letales, causando un clima de miedo y tensión en la sociedad vasca y en el conjunto del país.
La estrategia de ETA se basaba en la ofensiva armada como medio para lograr la independencia del País Vasco, con atentados indiscriminados contra objetivos civiles y militares. Los años 80 fueron especialmente duros en términos de violencia, con numerosos atentados que dejaron un saldo de víctimas mortales y heridos.
Ante la escalada de violencia de ETA, el Estado español adoptó medidas represivas para combatir el terrorismo y desarticular la organización. Se crearon unidades especializadas en la lucha antiterrorista, se fortalecieron los mecanismos de cooperación internacional y se promulgaron leyes más duras contra el terrorismo.
La lucha contra ETA se convirtió en una prioridad para el gobierno español, que desplegó todo su arsenal legal y policial para hacer frente a la amenaza terrorista. Se llevaron a cabo operaciones policiales para detener a miembros de la organización, se incrementaron los controles en fronteras y se intensificaron las labores de inteligencia para prevenir atentados.
Además, se establecieron acuerdos de cooperación con otros países europeos para perseguir a los terroristas de ETA que se refugiaban en el extranjero, lo que permitió desmantelar células y redes de apoyo en el exterior. La presión policial y judicial sobre la organización causó daños importantes en su estructura y capacidad operativa.
Tras décadas de violencia y terror, ETA anunció en 2011 un "cese definitivo de la actividad armada", poniendo fin a su lucha armada y abriendo un nuevo capítulo en la historia del País Vasco y de España. Este anuncio fue fruto de un largo proceso de negociación con el gobierno español y con el apoyo de la comunidad internacional.
En 2018, ETA anunció su disolución completa como organización armada, dando por concluida una etapa oscura en la historia del País Vasco. Sin embargo, el legado de la violencia sigue presente en la memoria colectiva de la sociedad vasca, que aún sigue cicatrizada por las heridas del pasado.