En Getxo, un reciente caso judicial ha puesto en la mira al patrimonio histórico local, tras el derribo de un emblemático palacete. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad ha iniciado una investigación que da indicios de posible delito contra el patrimonio histórico y prevaricación. En total, diez personas están siendo investigadas, entre ellas tres concejales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que estaban en el gobierno municipal cuando se llevaron a cabo las acciones denunciadas.

Los citados para comparecer ante la justicia deberán hacerlo el próximo 25 de febrero, según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que destaca la gravedad de las acusaciones. Esta situación ha levantado una serie de alarmas en la comunidad, que observa cómo su patrimonio cultural podría estar en peligro.

La investigación comenzó formalmente el 21 de octubre de 2024. En un primer momento, se determinó que los hechos podrían encuadrarse dentro de los delitos contemplados en el artículo 321 del Código Penal, que protege el patrimonio histórico. Cuatro individuos, vinculados a la empresa que ejecutó el derribo, fueron inicialmente señalados como investigados.

A medida que avanzó la investigación, un informe adicional recibido el 12 de enero de este año permitió a la justicia ampliar el número de investigados, incluyendo ahora a seis personas más. Entre ellas, figuran nuevamente los ediles del PNV, lo que arroja dudas sobre el manejo de autorizaciones en la protección de edificios de interés cultural en la zona.

Según el art. 321 del Código Penal, aquellos que destruyan o alteren de forma significativa edificios protegidos podrían enfrentar penas de prisión que varían entre seis meses y tres años, junto con multas y la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas. Además, los jueces tienen la facultad de exigir la restauración del inmueble perjudicado.

Por su parte, el artículo 322 estipula sanciones para funcionarios públicos que, a sabiendas de la injusticia, emitan informes favorables a proyectos de derribo de edificios protegidos. Esto incluye penas de prisión o multa, lo que subraya la responsabilidad que tienen los representantes públicos en la preservación del patrimonio que forma parte de la identidad cultural de la comunidad.