VITORIA, 11 de diciembre. El Parlamento Vasco ha tomado una decisión significativa al aprobar la nueva Ley de Medidas Urgentes en Vivienda, Suelo y Urbanismo, impulsada en solitario por el PNV y el PSE-EE. Esta legislación incluye medidas tendentes a flexibilizar la normativa en el sector de la vivienda, con el objetivo de acelerar la construcción de nuevos pisos. Entre los puntos más polémicos se encuentra la reducción del porcentaje de reserva para la vivienda de protección pública, que pasa del 75% al 60%.

La iniciativa fue respaldada por 39 votos del PNV y PSE-EE, mientras que 35 parlamentarios de EH Bildu, PP, Sumar y Vox expresaron su oposición. Cabe mencionar que durante la votación de algunos apartados de la ley, se dieron también varias abstenciones, lo que refleja un marcado desacuerdo entre los diferentes grupos políticos en el ámbito vasco.

El texto enfatiza la necesidad de actuar "de manera urgente" para enfrentar la crisis habitacional que afecta a la región. Se proponen soluciones integrales que busquen incrementar la oferta disponible de vivienda, en especial de protección, y se destaca la importancia de proteger el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

Además, se menciona que Euskadi cuenta con terrenos que podrían albergar más de 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 son de protección, pero que no están siendo utilizados debido a diversas limitaciones urbanísticas y ambientales. La ley busca cambiar esto permitiendo una mayor flexibilidad en la utilización de estos recursos que, en la actualidad, no están cumpliendo su función social.

Entre las disposiciones de la nueva ley también se incluye un mecanismo para destinar el aumento en la edificabilidad a la construcción de vivienda de protección pública, garantizando que al menos el 55% de estas construcciones sean de protección social, mientras que el restante 5% se destinaría a vivienda de protección tasada.

Además, se introducen medidas que permiten la creación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos designados, así como un régimen sancionador para aquellos que incumplan las regulaciones relacionadas con zonas de mercado residencial tensionado, que han sido poco efectivas hasta la fecha.

Del mismo modo, la ley contempla la posibilidad de que el Gobierno Vasco, junto con las administraciones locales, pueda promover vivienda de protección pública en áreas rurales y en municipios con menos de 3.000 habitantes, lo que podría contribuir a mejorar la oferta de vivienda en estas localidades.

En el ámbito ambiental, se simplifican ciertos procedimientos relacionados con la evaluación ambiental de modificaciones urbanísticas, con el fin de agilizar los trámites y adaptarlos a la realidad que enfrenta el sector inmobiliario.

Se propone también suspender la presentación de declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico en áreas con alta tensión residencial, argumentando que este paso es necesario para salvaguardar el derecho a la vivienda de los ciudadanos.

La ley busca optimizar la gestión de suelos en el interés de la comunidad, proponiendo un sistema que permita una cesión recurrente de terrenos al Gobierno Vasco para facilitar la creación de vivienda protegida y responder a la demanda existente.

Durante el debate, Jonatan Moreno, parlamentario del PNV, defendió que la ley está diseñada para dar respuestas concretas a las inquietudes de la ciudadanía, especialmente de la clase media y juventud, alejándose de las posturas extremas. Criticó a la oposición por "sembrar el miedo" en lugar de proponer soluciones efectivas.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, también subrayó la necesidad de simplificar los trámites burocráticos que, según él, están retrasando la posibilidad de respuestas ágiles para aquellos que buscan vivienda, añadiendo que en la actualidad, el 70% de la población vasca vive en municipios con alta tensión en el mercado de la vivienda.

Xabier Astigarraga, de EH Bildu, no tardó en criticar la falta de diálogo en la elaboración de la ley, acusando al PNV y al PSE de actuar sin buscar consenso y favoreciendo, según él, los intereses del sector inmobiliario por encima de las necesidades de la ciudadanía.

Desde el PP, Ana Morales cuestionó la efectividad de la propuesta, considerando que la disminución de la reserva de vivienda social es insuficiente para estimular el mercado, y argumentó que las medidas propuestas solo buscan culpables en el sector turístico, en lugar de proponer un modelo que realmente beneficie a los ciudadanos.

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, advirtió sobre las implicaciones de reducir la reserva de suelos para vivienda protegida, argumentando que esta medida busca favorecer a quienes se benefician económicamente a costa de un derecho tan básico como es la vivienda. Finalmente, la representante de Vox, Amaia Martínez, denunció lo que considera un abuso en la regulación de la función social de la vivienda, planteando la necesidad de eliminar medidas que limitan la propiedad privada.