En un acto significativo que tuvo lugar el 19 de enero en Bilbao, los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han proclamado una huelga general programada para el 17 de marzo, demandando un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.500 euros para las comunidades de Euskadi y Navarra. Según los representantes sindicales, esta decisión es el resultado del “bloqueo” y la falta de disposición al diálogo por parte de los gobiernos regionales y las organizaciones empresariales Confebask y CEN.

Durante la presentación de su convocatoria en la sede del Gobierno Vasco, Ane Zelaia de ELA e Iratxe Delgado de LAB enfatizaron la importancia de esta huelga, que se enmarca bajo el lema "Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1500 euros. Mejorar los salarios para repartir la riqueza." Ambas líderes sindicales invitan a la población a participar activamente en esta movilización para hacer frente a las crecientes dificultades laborales y al incremento del costo de vida.

Zelaia y Delgado subrayaron que la intención de la huelga es ofrecer una respuesta colectiva al deterioro de las condiciones laborales, así como reivindicar que las decisiones en materia de relaciones laborales se tomen en el propio territorio, sin interferencias externas.

Las dos representantes denunciaron que, en los últimos años, los salarios no han aumentado al ritmo necesario para contrarrestar el incremento de los precios, lo que ha derivado en un deterioro significativo de las condiciones de vida de los trabajadores en la región.

Frente a esta situación, los sindicatos exigen no solo una recuperación salarial, sino también un reparto más equitativo de la riqueza. Según sus afirmaciones, mientras las empresas han visto aumentar sus ganancias, la clase trabajadora ha sufrido un notable descenso en su poder adquisitivo.

En el marco de esta movilización, destacan la necesidad urgente de establecer un salario mínimo digno de 1.500 euros, que consideren adecuado a la realidad socioeconómica del territorio e impulsado por la decisión local.

Ambos líderes sostuvieron que esta propuesta podría beneficiar de manera directa a aproximadamente 167.000 trabajadores en Hego Euskal Herria y que un SMI elevado estimularía la negociación colectiva para garantizar aumentos salariales más significativos.

Ane Zelaia dirigió sus críticas especialmente al Gobierno Vasco y al PNV, que han sostenido que la huelga no es el camino para establecer esta propuesta, abogando por el diálogo como una alternativa más efectiva.

En respuesta, Zelaia afirmó que ya han buscado la vía del diálogo, que ha sido obstaculizada por la falta de compromiso de Confebask, así como por la falta de atención a la amplia recogida de firmas que respaldaba sus demandas en el Parlamento Vasco.

La representanta de ELA agregó que, desde su perspectiva, el diálogo debería haber sido una opción viable, y lo que se observa es una falta de voluntad política por parte del Gobierno y el PNV, quienes han ignorado la voz de casi 300.000 personas que apoyaban estas reivindicaciones.

Concluyó que es evidente que el PNV parece más interesado en satisfacer a los intereses empresariales que en establecer un auténtico diálogo, lo que evidencia un enfoque autoritario en la gestión política.

Los sindicatos enfatizan que tanto la patronal como los gobiernos de Euskadi y Navarra juegan un papel crítico en la situación actual. Desde su perspectiva, es inadmisible mantener una postura neutral frente a la caída generalizada de los salarios y las peores condiciones laborales.

Por lo tanto, sostienen que es imperativo abrir una nueva vía que coloque la cuestión del salario mínimo en el centro del debate político y social, tanto en Euskadi como en Navarra, considerándolo esencial para la renovación del estatus jurídico-político de la región.

Iratxe Delgado, de LAB, reforzó la idea de que la mejora salarial es un asunto de justicia social y, tras una negativa a negociar por parte de la patronal, se ve en la necesidad de convocar esta huelga general. Hizo un llamado a la clase trabajadora de la región para que se unan en su lucha, organizándose de forma comunitaria y ocupacional, y destacó la importancia de un salario mínimo que refleje la realidad económica de Euskadi, lo que también consideran un asunto de soberanía.