La lucha por la reducción de la jornada laboral se intensifica en Euskadi, donde los sindicatos CCOO y UGT han llevado a cabo una emotiva concentración en Bilbao, definiendo esta causa como una "cuestión de justicia real". Ante la sede de Confebask, los organizadores denunciaron que esta patronal se ha convertido en la "embajadora del no" frente a propuestas que buscan mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores vascos.

La protesta, que tuvo lugar en la plaza Euskadi, fue encabezada por una pancarta que clamaba, “Por la reducción del tiempo de trabajo”. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Santi Martínez, secretario general de CCOO Euskadi, y Tximi López, vicepresidente de la comisión gestora de UGT Euskadi.

La movilización se organizó en un momento crucial, justo cuando se preveía la votación de enmiendas a la ley que propone reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Santi Martínez aprovechó para resaltar la importancia de esta iniciativa, afirmando que podría impactar a más de 350.000 trabajadores en Euskadi y a alrededor de 12 millones en el conjunto de España, de acuerdo con datos del CRL.

Martínez también recordó que la jornada laboral no ha sido modificada desde 1983 y criticó a los partidos como Junts, PP y Vox, acusándolos de actuar con “cobardía parlamentaria” al bloquear un debate que afecta a la clase trabajadora. “Se están hurtando discusiones cruciales para el futuro de nuestra sociedad”, indicó.

Al hacer referencia a la postura de Confebask, el líder sindical señaló que su resistencia a la reducción de jornada radica en el temor a perder poder en la distribución de la renta dentro de los centros laborales. “Saben que esta medida significaría un aumento en el salario hora y un beneficio especialmente para las trabajadoras en sectores altamente feminizados”, destacó.

Además, advirtió que si se frena esta reducción, se socavarán también otras medidas, como el refuerzo del registro horario, necesario para evitar abusos. Martínez reveló que en Euskadi, un alarmante 53% de las horas extras no se remunera ni se cotiza, lo que representa un déficit fiscal de 184 millones de euros al año.

La movilización sirvió no solo para visibilizar esta problemática, sino también para exigir al gobierno que actúe con urgencia para regular el registro horario, una medida que se considera esencial en la lucha por condiciones laborales más justas.

Por su parte, Tximi López subrayó que la reducción de la jornada laboral tiene un valor histórico que podría ayudar a modernizar las condiciones laborales y adecuarlas a las necesidades del siglo XXI. López enfatizó que esta medida no solo se trata de mejorar la salud de los trabajadores, sino también de favorecer un reparto más justo de las tareas domésticas y de cuidado, facilitando así una mejor conciliación entre la vida laboral y personal.

Destacando su impacto en sectores con menos poder de negociación, López explicó que esta ley podría beneficiarse a un tercio de la población activa en Euskadi, es decir, a más de 350.000 personas. “No podemos permitir que aquellos con menos fuerza para negociar queden desprotegidos; es vital que se tomen acciones que los amparen", declaró López.

Asimismo, criticó el posicionamiento de la derecha catalana, que ha decidido unirse en contra de una medida que cuenta con el apoyo de una amplísima mayoría social. “Estamos hablando de una cuestión de justicia real”, subrayó, insistiendo en que esta regulación no confronta con la negociación colectiva, sino que se convierte en un mínimo garantizado para todos los trabajadores.

Finalmente, concluyó que la reducción de la jornada laboral no solo es una urgencia en términos de salud laboral, sino también una oportunidad única para aumentar la productividad y modernizar el tejido empresarial, respondiendo así a las necesidades cambiantes de la sociedad actual.