La coordinadora general de Sumar en Euskadi, Alba García, ha expresado su profundo descontento al calificar de "lamentable" el rechazo por parte de la derecha a la propuesta de reducción de la jornada laboral, afirmando que este no es solo un golpe a la figura de Yolanda Díaz, sino un ataque directo a los derechos de la clase trabajadora.

En una reciente entrevista con Radio Euskadi, recogida por Europa Press, García dejó claro que no existe una “reticencia política” en el Ministerio de Trabajo respecto a las transferencias de competencias relacionadas con la Seguridad Social y el desempleo. “No hay obstáculos, solo tareas por realizar”, aseguró, haciendo hincapié en la necesidad de abordar estos asuntos con la debida calma para asegurar su correcta implementación.

Aunque Sumar apoya completamente las transferencias de competencias, García subrayó la importancia de manejar con cuidado temas fundamentales, como la Seguridad Social, que impactan directamente en la vida de muchas personas. "No se trata de apresurarse, hay mucho en juego", advirtió.

Desde su perspectiva, lo crucial es dar un paso firme y correcto en el proceso de transferencia, evitando los errores del pasado que han desencadenado problemas, como ha sucedido con algunas transferencias de competencias anteriores. "Lo que importa es hacerlo bien", insistió García.

En este contexto, la dirigente de Sumar volvió a reiterar que lo que necesitan son acciones adecuadas, y no meras declaraciones. Según sus palabras, la transferencia de competencias es un camino que debe ser recorrido con prudencia, ya que "de esta cuestión depende la vida de muchas personas".

Al hablar del rechazo a la medida de reducción de jornada laboral, García calificó la actuación conjunta del PP, Junts y Vox como un "bofetón" a la clase trabajadora del país. "Hoy por hoy, seguimos adelante con el objetivo de implementar esta medida", afirmó con determinación.

García subrayó que el golpe asestado no solo denota una oposición a Yolanda Díaz, sino que representa un rechazo contundente a quienes forman el núcleo laboral del país. A pesar de que Sumar podría interpretar esto como una derrota legislativa, ella enfatizó que, en última instancia, los que realmente sufren son los trabajadores.

Finalmente, destacó que la medida habría beneficiado a unas 350,000 personas en Euskadi, subrayando la relevancia de abordar esta realidad, que no es simplemente un asunto de Sumar o del Ministerio de Trabajo. En tiempos donde las empresas generan beneficios, García propuso que se repartieran esos frutos a través de una real reducción de jornada, algo que, según ella, resuena con las demandas de la ciudadanía.