Ararteko aboga por simplificar trámites tributarios al quitar la obligatoriedad de usar software específico.

VITORIA, 14 de mayo. En un reciente pronunciamiento, el Ararteko ha instado a la Diputación Foral de Álava a reconsiderar la obligación de utilizar software específico para la presentación presencial de autoliquidaciones fiscales.
Este reclamo, formulado por el Defensor del Pueblo del País Vasco, va dirigido al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, y subraya la necesidad de "eliminar la imposición" de un programa informático concreto para la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los trámites presenciales.
La recomendación surge a raíz de la queja de un ciudadano que, al carecer de los conocimientos tecnológicos necesarios y recursos adecuados, se vio incapaz de finalizar su trámite sin el apoyo de la Administración.
El Ararteko enfatiza que forzar el uso de una herramienta digital en un proceso que se desarrolla en persona "pone en peligro el derecho de las personas a escoger su forma de interactuar con la Administración".
Además, se señala que una normativa foral "no puede limitar derechos sin una autorización legal clara" y que las entidades gubernamentales deben justificar de manera objetiva cualquier requerimiento de uso de medios digitales.
En este caso particular, el ciudadano se enfrentó a la necesidad de instalar un programa en su ordenador o de utilizar dispositivos en espacios públicos sin la debida asistencia, lo que llevó al Ararteko a concluir que no se ofrecieron condiciones adecuadas de accesibilidad.
En su resolución, se invoca el principio de buena administración, alertando sobre las posibles repercusiones discriminatorias de la brecha digital, si no se garantizan alternativas accesibles y suficiente apoyo.
El Ararteko ha reiterado la importancia de que las administraciones públicas "situén a la ciudadanía en el corazón de sus planes de atención, asegurando tanto opciones digitales como presenciales que respeten los principios de legalidad, accesibilidad, gratuidad y no discriminación".
Asimismo, ha enfatizado que un gran número de personas, en especial adultos mayores o aquellos con limitados conocimientos digitales, "pueden quedar al margen si no se consideran sus necesidades específicas".
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