Arrestan a un empresario en Idiazabal por explotar mano de obra extranjera en el despliegue de fibra óptica.

En un impactante giro en la lucha contra la explotación laboral, las autoridades de Logroño han procedido a la detención de una mujer de 32 años, quien se sospecha está involucrada en un caso escalofriante de trata de seres humanos.
Este pasado jueves, la Ertzaintza llevó a cabo una detención en Idiazabal (Gipuzkoa) de un empresario de 38 años, acusado de orquestar un sofisticado esquema de explotación laboral que afectó a varios trabajadores migrantes en su empresa de instalaciones de fibra óptica. La acción se desencadenó tras una denuncia que reveló las terribles condiciones en que estos trabajadores se veían obligados a desempeñar sus labores.
Según el informe del Departamento de Seguridad, la investigación comenzó en enero de 2025, cuando un individuo solicitó apoyo a los servicios sociales. Este trabajador, quien cumplía con extensas jornadas laborales de más de diez horas diarias, incluyendo los fines de semana, expresó su desesperación al no contar con recursos ni para alimentarse. Se había visto atrapado por falsas promesas de regularización en España y sueldos abrumadoramente altos de hasta 4,000 euros mensuales por su trabajo en instalaciones de fibra óptica.
El principal sospechoso, un empresario originario de Logroño, carecía de antecedentes penales y administraba un par de empresas mediante las las cuales reclutaba a trabajadores tanto en el país como en el extranjero. Estas entidades eran subcontratadas por otras empresas encargadas de la instalación de telecomunicaciones.
Las investigaciones revelaron que las víctimas, muchas de ellas en una situación irregular en cuanto a su estatus migratorio, no estaban registradas en la Seguridad Social. Lo que es aún más inquietante es que se les proporcionaban carnets falsificados en nombre de otras personas, permitiendo al empresario emplear a varias personas bajo una sola afiliación legal.
Se estima que el empresario se quedaba con un 75% de los ingresos generados por cada instalación, mientras que del 25% restante, descontaba costosos gastos tales como gasolina y alojamiento, además de imponer cargas adicionales a aquellos que trabajaban sin papeles, lo que los dejaba en condiciones de “extrema vulnerabilidad”, según las declaraciones de la Ertzaintza.
Desde la denuncia inicial, se han acumulado otras cuatro quejas similar, y es probable que este número aumente tras la reciente detención del empresario en la localidad guipuzcoana. El Departamento de Seguridad está haciendo un llamado a posibles nuevas víctimas, advirtiendo que muchos podrían estar aún temerosos de denunciar por miedo a represalias.
El empresario ha sido presentado ante la justicia y enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo trata de seres humanos con fines laborales, violaciones a los derechos laborales, tráfico ilegal de personas y falsificación de documentos, entre otros delitos relacionados. La investigación permanece activa y no se descartan más detenciones o el hallazgo de nuevas víctimas en diferentes comunidades autónomas.
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