El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, sostiene que aún quedan "intensas jornadas de negociación y debate" para lograr la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, destacando las "reticencias" de Junts. Estas declaraciones se dieron en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, donde Matute también mencionó la posibilidad de un adelanto electoral y mostró su preocupación por una "pretemporada" de elecciones generales.

Matute destacó que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales responde a una demanda social de sindicatos y trabajadores que ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo. Sin embargo, advirtió que el trámite en el Congreso aún es necesario y mencionó ejemplos anteriores en los que la derecha se alineó con intereses corporativos en lugar de priorizar el bienestar de la ciudadanía.

El portavoz adjunto de EH Bildu también recordó la situación con el impuesto a las energéticas y la posición de Junts al respecto. Ante las reticencias manifestadas por esta formación, Matute pronosticó que aún habrá intensas negociaciones y debates antes de lograr la aprobación de la reducción de la jornada laboral.

Matute subrayó la importancia de primar el interés general sobre las estrategias políticas partidistas, especialmente en cuestiones relacionadas con los derechos sociales y laborales de la ciudadanía. Para EH Bildu, el bienestar de la población de Euskal Herria es una prioridad por encima de todo.

El político también hizo referencia a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la posición de EH Bildu al respecto. Destacó que su formación apoya al Gobierno en medidas que favorezcan a la gente y que buscan avanzar en derechos sociales y laborales, así como en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria.

En cuanto a la situación de los presos de ETA, Matute reiteró la transparencia de EH Bildu en sus objetivos y principios, enfocados en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, la ampliación de derechos y libertades para la ciudadanía vasca y la resolución de cuestiones pendientes del conflicto en Euskadi, incluyendo las políticas de excepción carcelaria.