SAN SEBASTIÁN, 21 de julio. En un contundente llamado a la acción, EH Bildu ha denunciado lo que consideran una hipocresía flagrante en la sociedad española. En una reciente rueda de prensa, su secretario de Acción Política, Arkaitz Rodríguez, subrayó el desproporcionado enfoque de las reacciones ante un simple graffiti en un contenedor, en contraposición al mutismo de los políticos frente a las alarmantes revelaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la tortura sistemática en el país.

El informe de la ONU, que solicita al Gobierno central una investigación seria sobre las denuncias de tortura, fue calificado por Rodríguez como un documento “fundamental e histórico.” Este diagnóstico pone de manifiesto lo que muchos han negado: la tortura ha sido parte del pasado y del presente en el Estado español, y los responsables continúan fuera del alcance de la justicia.

Rodríguez enfatizó que el informe no es sólo una formalidad; revela que el uso de la tortura ha sido una práctica habitual en este territorio y que esta realidad sigue sin recibir el reproche necesario por parte de las autoridades. “Es alarmante que, a lo largo de 50 o 60 años, más de 5.000 casos documentados de tortura hayan quedado en la oscuridad sin una sola investigación creíble”, afirmó, refiriéndose a las omisiones tanto del Gobierno Vasco como del navarro.

Además, hizo hincapié en la persistencia de normativas obsoletas como la amnistía de 1977, que actúa como un cobijo para quienes perpetuaron crímenes durante el franquismo. “Es increíble que, aún hoy, continúen vigentes leyes que emergen de un régimen opresor”, declaró, criticando al mismo tiempo la existencia de leyes como la de secretos oficiales, que continúan restringiendo la transparencia.

La postura de EH Bildu es clara: resulta absolutamente inaceptable que, tras la publicación de este informe impactante, los líderes políticos sigan en silencio. Rodríguez expresó que “en cualquier nación civilizada de Europa, esta situación provocaría dimisiones y exigencias de responsabilidades de inmediato”, sugiriendo que la falta de acción en el Estado español es un agravio que no se puede ignorar.