Las movilizaciones en el ámbito de la enseñanza concertada están lejos de detenerse, según alertó la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, quien señaló que la patronal está incumpliendo el acuerdo alcanzado tras la huelga anterior. Esta situación ha llevado a un aumento en la tensión y a la necesidad de acciones más contundentes para exigir un respeto a los derechos de los trabajadores en el sector.

Bajo este contexto, García ha hecho un llamado urgente a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para que convoque mesas de negociación orientadas a la renovación del convenio en la educación pública. En lugar de ello, criticó que la consejera optara por enviar cartas al profesorado y a las familias, minimizando así la legitimidad de las demandas planteadas y alegando que no existen motivos válidos para la huelga.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, García destacó que estas movilizaciones, que incluyen 12 jornadas de huelga organizadas por distintos sindicatos como LAB, Steilas, ELA y CCOO, representan un reclamo histórico en un área que ha sido objeto de conflicto durante muchos años. Subrayó que los trabajadores de la enseñanza pública han estado esperando desde 2009 una renovación de su convenio, y considera que el Gobierno Vasco tiene una responsabilidad fundamental como empleador que, hasta ahora, no ha sabido asumir.

García no escatimó críticas hacia la gestión de la consejería de Educación, afirmando que en lugar de trabajar para abrir espacios de diálogo, se ha dedicado a deslegitimar las razones de los trabajadores a través de comunicaciones unilaterales. “Lo que queremos es que se sienten a negociar y que se tomen en serio las necesidades de nuestras condiciones laborales y el refuerzo de las plantillas en la educación pública”, declaró García, enfatizando que la lucha no solo se trata de mejoras laborales, sino de la defensa de un modelo educativo accesible y de calidad para toda la ciudadanía.

En este sentido, García expresó su desacuerdo con la Ley de Educación aprobada recientemente en Euskadi, sosteniendo que en vez de fortalecer la educación pública, favorece a las escuelas concertadas. Asegura que el sistema educativo del país debe enfocarse en reforzar la educación pública con la implementación de mejores condiciones, incluyendo más personal educativo y una atención adecuada a la diversidad que presenta el alumnado en la actualidad.

Como un servicio esencial, la educación pública debe responder a la complejidad de las necesidades sociales, lo que exige mayores inversiones, principalmente en recursos humanos. García lamentó que desde 2009 no se ha cerrado un acuerdo generando una parálisis que impacta negativamente las condiciones laborales de los docentes. Aunque reconoció que se habían logrado algunas mejoras parciales, criticó al gobierno por su tendencia a imponer decretos que eluden el diálogo formal.

Por otro lado, García reafirmó que no es cierto que las condiciones laborales en la educación concertada sean superiores a las de la educación pública. De esta manera, instó a evitar enfrentamientos entre distintos colectivos de trabajadores. Destacó que tanto los docentes de la educación concertada como los de la educación pública tienen derecho a negociar sus condiciones laborales sin caer en comparaciones perjudiciales.

Asimismo, García refutó la idea de que los salarios en la educación concertada son más altos, argumentando que las condiciones laborales, en términos de horas de trabajo, apoyo educativo y permisos, están muy por debajo de lo que se requiere en la educación pública. "No solo se debe considerar el salario como referencia de las condiciones laborales", enfatizó.

En este contexto, reafirmó la decisión de continuar con las movilizaciones en la educación concertada, manifestando que pese a haber acordado un fin de huelga anterior, la patronal, en este caso, Kristau-Eskola, está incumpliendo compromisos que afectan no solo las condiciones salariales, sino también otros aspectos fundamentales de la educación en los centros escolares.

García denunció que se está ignorando el acuerdo alcanzado, incluso ante una sentencia judicial que reconocer los derechos de las organizaciones sindicales implicadas. "Si no se atienden a razones, continuaremos con nuestras movilizaciones", advirtió, dejando claro que la lucha por la dignidad laboral en la educación no cesará.

Finalmente, García hizo hincapié en la alta temporalidad que persiste en el sector público, advirtiendo que el Gobierno Vasco puede estar en camino de incumplir la ley estatal que establece metas claras sobre la reducción de la temporalidad en el empleo educativo, debiendo ser del 8% para diciembre de 2024. Este es un aspecto que, según ella, necesita atención crítica y acción urgente para asegurar la estabilidad de los trabajadores en el sector.