BILBAO, 16 de mayo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha dado un paso significativo en el Congreso al presentar una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Su intención es lograr que este tribunal sea el encargado de decidir en última instancia sobre la transferencia de competencias, evitando así que las decisiones se vean bloqueadas por los tribunales ordinarios, un escenario que ha tenido lugar recientemente con la homologación de títulos académicos extranjeros.

Este movimiento por parte del PNV se produce tras la controvertida sentencia del Tribunal Supremo en abril, que anuló la transferencia de competencias acordada previamente entre las administraciones del Estado y la del País Vasco. Esta decisión ha generado un malestar considerable, ya que afecta directamente a la capacidad de Euskadi para gestionar sus propias competencias.

En una reciente entrevista en Euskadi Irratia, Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco en el parlamento, expresó su preocupación por la intervención de tribunales ordinarios que han obstaculizado las transferencias acordadas entre los dos gobiernos, las cuales, según argumenta, son en beneficio directo de la ciudadanía. Vaquero ha reivindicado que el Tribunal Constitucional debe tener la posibilidad de ser la instancia definitva en estos asuntos.

La portavoz ha enfatizado que es inaceptable que los tribunales ordinarios tomen decisiones que afectan el ámbito competencial, a menudo poniendo en entredicho acuerdos que ya se han negociado entre el Gobierno central y el vasco. Por ello, ha pedido la creación de un "árbitro neutral" que garantice que el Tribunal Constitucional tenga la autoridad final en este tipo de situaciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso del Grupo Vasco, que había sido anunciado por Vaquero una semana antes durante un debate en el que se dirigió al presidente Pedro Sánchez en busca de su apoyo. La portavoz ha subrayado la importancia de las decisiones que se toman en las comisiones bilaterales, como las referidas a las homologaciones académicas, ya que son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.

Además, Vaquero ha lamentado que, debido a la reciente anulación de la competencia de homologación de títulos, un grupo de alrededor de 200 personas que necesitaban integrarse en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se haya quedado en un limbo administrativo. Su objetivo es claro: garantizar que las transferencias acordadas se materialicen de forma efectiva.

La proposición registrada por el PNV sostiene que los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad son fundamentales para complementar el bloque de constitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la distribución de competencias. En este contexto, el artículo 161.1.c) de la Constitución otorga al Tribunal Constitucional la competencia para abordar conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, así como entre las propias comunidades.

Por todo ello, el PNV considera crucial habilitar un mecanismo procesal que permita al Tribunal Constitucional revisar la interpretación de las competencias, asegurando así que su papel como garante de los derechos constitucionales se respete y se fortalezca, tal como establece el artículo 123.1 de la Constitución.