Recientemente, la Guardia Civil desmanteló una organización criminal que operaba en Navarra, perpetrando la explotación laboral de un hombre oriundo de Barakaldo, en Bizkaia, durante un prolongado periodo de 17 años. En esta operación, llevada a cabo en Caparroso, han sido detenidas cuatro personas que se beneficiaron de más de 100.000 euros mediante diversas prestaciones solicitadas a nombre de la víctima.

La acción policial, que ha sido denominada "Lucendi", ha facilitado la identificación y captura de una red dedicada a la trata de seres humanos para fines de explotación laboral. Según ha explicado el Ministerio del Interior, el caso se remonta a una denuncia presentada en 2009 por la familia del hombre, quien había perdido el contacto con él desde 2003. En la denuncia se destacaban sus problemas de salud y dificultades económicas, un clamor que finalmente llevó a las autoridades a actuar.

La situación dio un giro significativo en marzo, cuando la investigación bajo el nombre "Desbizca" concluyó con el hallazgo del hombre en Caparroso. Se supo que, desde 2007, había estado viviendo con una familia de feriantes. Durante las indagaciones, los agentes descubrieron que el hombre recibía diversas ayudas económicas, como prestaciones por desempleo y una pensión, en una cuenta bancaria que le pertenecía. Sin embargo, no era él quien retiraba esos fondos, sino un integrante de la familia que lo tenía cautivo, que se desplazaba a un cajero local para extraer el dinero.

Una vez que se restableció el contacto entre la víctima y su hija, el hombre manifestó su deseo de dejar atrás aquella situación, en la que afirmaba vivir como un esclavo. Denunció que su familia de adopción bloqueaba las visitas de su hija con constantes excusas. Las revelaciones del baracaldés despertaron sospechas en los agentes, quienes comenzaron a entender que se trataba de un claro caso de trata de personas.

Los testimonios apuntaban a un régimen de vida desgarrador. El hombre se veía obligado a realizar labores domésticas y tareas de limpieza desde primeras horas de la mañana, además de encargarse del mantenimiento y supervisión de las atracciones infantiles cuando la familia se trasladaba de feria en feria, todo ello sin recibir remuneración alguna.

Su alimentación era escasa y controlada, ya que se limitaba a bocadillos, y tenía que comer separado del resto de la familia. La situación de hacinamiento también era brutal; dormía en la cabina del camión de la familia y no tenía acceso a áreas comunes, como las habitaciones del remolque que eran estrictamente reservadas para el clan, con baño de uso exclusivo para ellos. Esto obligaba a la víctima a ducharse en vía pública, expuesto a la intemperie y sin privacidad.

En las ocasiones en que la familia viajaba a Portugal, el hombre dormía en un garaje, sobre un simple colchón, sin acceso a medios de comunicación y con estrictas limitaciones para salir, salvo para diligencias puntuales. Este control extremo mantenía su vida completamente encerrada bajo la influencia coercitiva de la organización.

El trato al que era sometido era intimidante, lo que contribuyó a su estado de angustia prolongada. Sin acceso a su documentación personal y sin saber que había estado recibiendo prestaciones en su nombre durante años, el hombre se encontraba en una situación de total vulnerabilidad.

El 20 de noviembre, en una operación contundente, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros en dos domicilios y un camión vivienda en Caparroso. Durante estos procedimientos se incautaron más de 120.000 euros en efectivo, así como la cartilla bancaria de la víctima y diversos documentos relacionados con las prestaciones a su nombre. Además, se recopilaron efectivas personales como fotografías familiares y ropa, que expusieron aún más el contexto de explotación y abuso.

La investigación reveló que la documentación de la víctima estaba bajo un control estricto por parte de uno de los detenidos y que las condiciones en las que vivía eran deplorables, con un entorno insalubre en comparación con la vivienda familiar. Su escasa pertenencia dejaba entrever su abandono y su marcado estado de aislamiento.

Hasta el momento, han sido arrestadas cuatro personas que formaban parte de la misma familia, enfrentándose a graves cargos que incluyen trata de seres humanos, pertenencia a una organización criminal y múltiples delitos relacionados con la defraudación de servicios básicos.

La investigación, que continúa su curso bajo la dirección del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Tafalla y la Fiscalía de Navarra, ha contado con la colaboración de diferentes unidades policiales. Las autoridades han anunciado que el caso sigue abierto y no se descartan más detenciones en el futuro cercano.